En efecto, los distritos de riego y drenaje subsidiados se encontraban en la Costa, pero además, tenían casi que la misma dirección que aportaba otro beneficiario, quien para ese momento tenía un nombre poco conocido: Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. El internet es el mejor invento del mundo, bastaron pocos segundos tras googlear estos dos nombres juntos para que apareciera una foto de los dos en una revista de vanidades, la cual confirmaba un próspero noviazgo de una pareja hermosamente perfecta.

Riego de dineros públicos, se tituló el primer artículo que apareció en la Revista Cambio, trabajo autorizado por su director Rodrigo Pardo y minuciosamente revisado por su editora María Elvira Samper. Con la publicación en las calles y en poder de otros medios, el primero en resaltar la investigación fue Julio Sánchez Cristo en la emisora La W. Como aceite en sartén caliente, la noticia se regó en televisión, prensa nacional y prensa regional. Pocos meses antes de aquella revelación, Andrés Felipe Arias había dejado el cargo y en su remplazo Álvaro Uribe había nombrado a Andrés Fernández, quien había sido la mano derecha de Arias. Curiosamente, el nuevo ministro para apaciguar los ánimos, no dudo en invitar a periodistas a una correría por las zonas babaneras del Urabá, para ver los supuestos beneficios de Agro Ingreso Seguro. Sin embargo, Reverón y Abueta no se subieron en ese avión y con los escasos recursos que ya para esos días había en la Revista Cambio, tomaron camino hacia Santa Marta para buscar de primera mano los registros de las empresas de las potentadas familias que el Estado se afanó en subsidiar.

Con cámaras de comercio en mano, las cuales daban las direcciones exactas de los predios y por tal de los distritos de riego subsidiados, los dos periodistas tomaron carretera para adentrarse en las mesetas aledañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Preguntaron por las tierras de un joven llamado Juan Manuel Dávila, pero una campesina de la región, mientras jugaba dómino, les contestó de manera seca y certera: “serán las tierras de don Juan Manuel, el papá del joven Juan”. De camino a la casa principal de la finca Campo Grande, Reverón y Abueta comenzaron a seguir con la mirada interminables extensiones de tierra sembradas con palma de aceite. Aquel producto del que se deriva biocombustible, lubricantes y los acetites que hoy se utilizan en la mayoría de cocinas del mundo.

Campo Alegre y La Faena, fincas del suegro de Valeríe Domínguez Tarud, quedaban situadas en el corazón de Algaborro, unas 1500 hectáreas que había que alquilar un helicóptero para fotografiarlas completas desde el aire. Pero los periodistas se dieron las mañas y retrataron las principales partes de la inmensa extensión de tierra de los Dávila. Pronto en medio de la reportería encontraron al mayordomo de La Faena, quien les contó que tiempo atrás se habían instalado los distritos de riego, que el joven Juan no iba mucho a esas tierras y que jamás en la vida habían visto por ahí a la protagonista de El último matrimonio feliz.

Con dicha reportería de la cual hasta plata pusieron para los pasajes los propios periodistas, pues la Revista Cambio de tantas denuncias había sido objeto de reajustes presupuestales por parte de la Casa Editorial El Tiempo, Reverón y Abueta regresaron a Bogotá para encontrar la nuez del asunto: ¿qué dependencia daba el visto bueno para la adjudicación final de los subsidios?

La decisión la tomaba, después de varios “estudios”, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), un organismo de la OEA. Como el que busca encuentra, los reporteros lograron establecer que el hombre que representaba al Ministerio de Agricultura en el IICA, quien tenía acceso a todos los estudios de Agro Ingreso Seguro era el ingeniero civil Carlos Manuel Polo, quien nunca negó que su entrada al ministerio había sido gestionada por la familia Vives, gente que también había terminado subsidiada por Agro Ingreso Seguro.

Acto seguido, ahí mismo, en las impenetrables oficinas del IICA, que quedaban en la Universidad Nacional, Reverón y Abueta solicitaron entrevistar al coordinador general del programa de Agro Ingreso Seguro. Éste los llevó al archivo para mostrarles algunos casos, pero con el olfato de ratones que cazan ratas, los periodistas de la Revista Cambio, solicitaron que les mostrara el folder que contenía la documentación con la que Valerie Domínguez Tarud se había ganado el derecho a un subsidio de más de 300 millones de pesos. Llegaron a la nuez del asunto: los folios daban cuenta que la exreina había arrendado un par de hectáreas de la familia Dávila por el irrisorio monto de un millón de pesos. Así mismo, se había solicitado el subsidio para el drenaje y riego de ese cuadrante, por lo cual recibió 306 millones de pesos del Estado.

Todo estaba resuelto, la familia Dávila había parcelado sus tierras para beneficiarse de los subsidios que por derecho le pertenecían a los campesinos pobres de Colombia. De ahí en adelante la justicia habría de descubrir un entramado de entuertos que terminaban por engordar las cuentas de las familias que a la postre y en agradecimiento al gran hombre del ministerio, le responderían  con financiarle la campaña para ponerlo de Presidente.