Por Luis Alfredo Ortiz Tovar.

Las Universidades, y en particular las Facultades de Derecho, siguen  en mora de darle un verdadero viraje a la enseñanza del Derecho.

Le seguimos  haciendo saber al estudiante que el derecho se deduce exclusivamente de la ley, con desconocimiento la realidad social, política, y económica bajo el entendido de ser Colombia un estado social de derecho donde no necesariamente el derecho se deduce de la ley. Seguimos haciéndoles saber que es la ley por encima de otra consideración la que debe primar y seguimos aplicando los conceptos  que la ley es dura pero es la ley, que el juzgador no puede interpretar norma alguna so pretexto de consultar su espirito,  es decir todo a la usanza del siglo XIX, donde reinaba el estado liberal o formal.

Y esta concepción la alimentamos desde nuestros cursos, cada vez más insistiendo en la necesidad de la ley, del código, de la forma no de la sustancia. Nuestros estudiantes y muchos de  nosotros como profesores usamos más el código que el libro de Teoría del Derecho, mas el código que el texto de Filosofía Jurídica, más el código que el doctrinante de la Sociología Jurídica. Es decir, la ética y la política la estamos dejando por fuera, solo utilizando un solo trípode de lo que debe constituir el derecho, la dogmática. Así las cosas, el daño que hacemos en la formación del jurista es inmensa. Estamos entonces formando futuros jueces y fiscales, e igualmente abogados litigantes, que van más por la forma que por la sustancia, más que por la justicia material, la justicia formal. Esta quizá sea la razón por la cual un buen juez que se coloca en la tarea de utilizar los principios como normas supralegales, y la búsqueda del otorgamiento y materialización de los derechos fundamentales en un caso concreto, lo tildan de prevaricador; también esta es la razón por la que un gran número de personas  critiquen a la Corte Constitucional cuando pretende materializar el Estado Social, con decisiones ancladas en la pricipialística, y los Derechos fundamentales, siendo que estos dos elementos son a la postre el mayor y mejor límite al poder del Estado. Y todo lo anterior deviene en decisiones injustas para ese campesino o mujer que reclama sus derechos y que le ruega a la judicatura una decisión justa. El círculo vicioso continuará, si no nos colocamos en la tarea ineluctable de cambiar la manera como se comparte la enseñanza del Derecho.

La educación juega un papel de importancia capital en estados inequitativos como el nuestro, razón por la cual la forma de impartirla debe sufrir transformaciones sustantivas, una de ellas, es la visión de los programas de Derechos, de pasar no un vistazo, sino una mirada crítica a lo que se imparte, cómo se imparte, y bajo qué preceptiva se ejerce esta loable tarea, que muy particularmente en el tema del derecho, de manera incuestionable amerita como se refiere, importantes transformaciones.