La situación quedó al descubierto durante procesos de responsabilidad fiscal adelantados por
la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Huila, al detectar graves irregularidades en varios contratos que generan detrimento patrimonial por $15.763 millones.
El proceso de mayor cuantía ($12.748 millones) está en la ejecución del contrato para “construir y poner en marcha el distrito de riego Tesalia – Paicol”, obra que no se encuentra en funcionamiento ni al servicio de la comunidad.
El detrimento ocasionado al Estado se causó por el pago de mayores cantidades de obra que no se realizaron, de acuerdo con la verificación del acta de liquidación del Contrato de Obra No. 695 de 2009, realizada durante la visita técnica efectuada por la Contraloría General de la República, en marzo de 2015.
La situación detectada y reprochada las generaron las debilidades en la aplicación de actividades y funciones señaladas en el manual de supervisión e interventoría vigente durante la ejecución contractual.
Como presuntos responsables se encuentran vinculados el contratista (Consorcio INTERRIEGO), el interventor (INAR Asociados) y los Secretarios Generales de INCODER para la época de los hechos
EN AIPE
La ejecución del Contrato de Obra No. 120 de 2014, para construir la primera fase del Sistema de Abastecimiento y bombeo de agua con energía solar Aipe, no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública, generándose un Hallazgo Fiscal por $829,8 millones.
Como presuntos responsables aparecen: los alcaldes y Secretarios de Infraestructura del municipio para la época, el Consorcio Agua para Aipe 2014 y el Consorcio Micro-acueductos Ambientales.
CASO YAGUARÁ
El Contrato de compraventa No 01 de 2011 suscrito entre el municipio de Yaguará y la Unión Temporal Yaguará Digital, para implementar y dotar, en tecnología de la información y las comunicaciones, a las instituciones educativas Ana Elisa Cuenca Lara y Amelia Perdomo de García
no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública y se generó un Hallazgo Fiscal de $2.185,9 millones.
El sistema tecnológico contratado no fue implementado y por ende no se encuentra en funcionamiento.
Como presuntos responsables aparecen el alcalde para la época de los hechos y la Unión Temporal Yaguará Digital 2010
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