Por Marcos Silva Martínez
En las elecciones del pasado domingo, ganó quien defiende un proyecto de gobierno cargado de intereses personales y de grupos interesados. Con reformas: congreso unicameral?. En justicia: una sola corte? Los objetivos se van desvelando. En lo económico: menos impuestos para los ricos, evitar catastro rural, dar franquicia a lo minero energético, entre otros. En salud: continuar con el debacle del sector. En educación: la pública, seguir siendo la cenicienta en participación presupuestal, mantener el desastre en calidad y financiación y garantizar el negocio para particulares.
Durante la campaña, expresó el propósito de derruir los acuerdos concertados y firmados con las FARC. Él y sus áulicos, después de elegido, con contumacia arremeten contra los órganos constituidos para el desarrollo de los acuerdos con las FARC, en particular contra la JEP.
Durante el proceso de constitución de ese Órgano Judicial de Transición, en el congreso, el uribismo hizo lo posible por impedir su constitución y ya constituido, por descalificar la calidad de los magistrados seleccionados. La clave: entre sus funciones está, esclarecer la verdad y determinar responsables. Matador dijo que en el uribismo, Duque era el único no cochino.
Ese órgano judicial, debe desenmarañar la verdad y determinar responsables de la criminalidad desarrollada y consumada, durante décadas de guerra civil no reconocida por ellos. No hay conflicto interno: repetían, mientras ocurrían masacres y desplazamiento de campesinos y se calificaba de falsos positivos los asesinato de más de 3.000 ciudadanos desempleados.
Colombia tiene el record del mayor desplazamiento y de refugiados internos, en el mundo. Más de seis millones.
La obsesión compulsiva de destruir los cimientos legales del proceso de paz legalmente aprobado, puede corresponder al miedo de enfrentarlo, como lo expresa el Presidente de la Corte Suprema, cuando les dice: “no hay que tenerle miedo al proceso de paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, (eltiempo.com, 20-06-2018). “Al fin y al cabo, la JEP ya está dentro de la institucionalidad y cuenta con desarrollos constitucionales y legales. Además, tiene que ofrecer resultados a corto plazo. Le diremos que tenga en cuenta esas razones”, sostiene Barceló.
De forma similar se pronunciaron los presidentes de, la Corte Constitucional (Sentencia C-674 de 2017) y el Consejo de Estado (“Los jueces, por definición, defendemos la ley, la Constitución y lo que hace parte de ella como corolario de los acuerdos de paz. Ese es nuestro papel”.)
Por irresponsabilidad ciudadana e ignorancia, y/o pereza mental, y/o conveniencia y perversidad, se desconocen, en general, los antecedentes y condiciones de comportamiento, conducta y tendencias de los denominados líderes políticos y por esa causa, los electores votan por quien no deben votar. Los resultados están a la vista. Las consecuencias recaen siempre sobre las mayorías nacionales, voten o no voten o voten en blanco.
Los términos del acuerdo de paz, si se desarrollan de acuerdo con el contenido y propósito previsto, permiten transformar a Colombia, bajo criterios de equidad socioeconómica y sacarla del lodazal al que la condujo la clase política, con su corrupción e inmoralidad.
Ante semejantes siniestras perspectivas que se ciernen sobre Colombia, los ciudadanos libres del contagio de la mezquindad, la inmoralidad y la ruindad de la conciencia social, son los que deben defender la ética, la moral y construir institucionalidad y estructura legal que garanticen los sanos y legítimos intereses de las mayorías.
El Estatuto de la Oposición permite el accionar legal, para contener desbordamientos del poder. Y los ciudadanos responsables tienen la obligación social y moral, de apoyar a la oposición y defender los derechos legítimos de las mayorías.
Creamos: “Si nos resignamos a ser oruga, renunciamos al derecho de defendernos y protestar si nos aplastan”
