LAS MISERABLES INJUSTICIAS DE ESTE GOBIERNO

Actualidad Columnistas

Por Carlos Tobar.

En los días de este largo puente del “Día de la Raza”, recibimos la noticia de que el Banco Agrario había recuperado los dineros que estaban, prácticamente, perdidos por el préstamo a NAVELENA, la concesionaria conformada por la multinacional brasileña Odebrecht (87%) y Valorcon (13%), propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento. Son $156.000 millones de pesos, sumados el capital ($120.000 millones) y los intereses ($36.000 millones). Un exultante presidente del Banco Agrario, el paisano Luis Enrique Dussán, nos contó a los colombianos que la platica no se había perdido, que CORMAGDALENA, una vez liquidada la App (alianza público-privada) entre esa empresa estatal y el consorcio NAVELENA, honraba el crédito que el Banco había desembolsado, en un oscuro proceso, para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Suponemos que, es parte del pago por obras realizadas que reconoce CORMAGDALENA a NAVELENA. Según la información de prensa sumó cerca de $360.000 millones de pesos. Esperamos que tal pago, sea, ciertamente, en reconocimiento a trabajos de ese compromiso y, no como sospechamos muchos, un traslado del presupuesto nacional, a través de CORMAGDALENA, para cubrir el préstamo del BANAGRARIO con el que sanearon las finanzas de CORFICOLOMBIANA – otra empresa de Sarmiento– que había desembolsado el crédito original y que, estos tiburones de las finanzas, sabían, era de alto riesgo.

Mientras esto sucedía, –el derroche de los $120.000 millones para evitarle perjuicios a un gran banquero– el gobierno viene cicateando $60.000 millones de pesos que, vale el subsidio para medio equilibrar el precio del arroz de miles de cultivadores del grano que, en los llanos del Tolima, el Huila, el Meta, Arauca, Casanare, están al borde de la quiebra. Estos productores tienen dificultades porque, luego de que el gobierno los embarcara en el programa “Colombia siembra”, ha permitido no solo la importación de miles de toneladas del cereal a la sombra de los tratados de libre comercio –TLC-, especialmente de los Estados Unidos, sino que, no ha controlado los costos de producción crecientes que han encarecido el cultivo del arroz. Hoy, agricultores que durante generaciones han dedicado sus esfuerzos cotidianos a garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos, además de crear empleo para miles de trabajadores en sus regiones, están amenazados de ruina por la política incoherente e irresponsable del gobierno de turno.

¿Por qué, si hay plata para regalarle a un gran banquero, pero no aparecen recursos para salvar a los productores de arroz, la mayoría pequeños campesinos? ¿Por qué? Porque esa es la clase de política económica que los gobiernos, están acostumbrados a realizar. Desde siempre, pero especialmente desde la apertura de Gaviria y, luego en los gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe (dos períodos) y Santos (dos períodos), todos han tenido en común usar los recursos del estado para enriquecer a los privilegiados de siempre. En eso están plenamente identificados. Hay que ser muy miserable para no conmoverse con las dificultades de supervivencia familiar de miles de compatriotas, gente de trabajo, mientras se cubren las ganancias groseras de un privilegiado. Esta, es la verdadera naturaleza de los gobiernos de Colombia.

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