Por Aníbal Charry González.

La Fiscalía presentó un principio de oportunidad  para el saqueador del departamento de Córdoba, el ex gobernador Alejandro Lyons preso en los Estados Unidos y convertido actualmente en el emblema infame de la corrupción de la clase política, que consiste en que de los 20 casos de delitos contra la administración pública por los cuales está sindicado, solo acepta el de concierto para delinquir comprometiéndose a devolver 4.000 millones de pesos de los 9000 millones que se supone se robó, a cambio de pagar solo 5 años de prisión y delatar a otros corruptos de acuerdo a la finalidad del sistema penal que tenemos para combatir el crimen y aplicar pronta justicia, que ya sabemos constituye un estímulo a la impunidad porque a estos ladrones del erario se les permite quedarse con buena parte de lo robado, donde de todas maneras siempre ganan y perdemos todos los colombianos.

Pero eso es lo que tenemos en nuestra precaria e ineficiente justicia, que logra que estos filibusteros de la clase política que nos roban sistemáticamente, al menos devuelvan la mitad de lo que se roban pagando penas irrisorias para después salir a disfrutar orondos de lo robado, siempre que en los Estados Unidos que sí tienen una justicia eficiente y sin concesiones logre descubrir como en el caso de Lyons los asaltos a la administración pública que aquí  no podemos descubrir en esta corrupta y violenta república de Macondo arrasada por los desmanes de la clase política, que en permanente concierto para delinquir fincado en el sistema político electoral  hecho a la medida de estos bandidos se roben al país alimentando sus clientelas y enriqueciéndose ilícitamente para hacerse reelegir hasta pensionarse con los dineros que nos roban a todos los colombianos.

Porque hay que decirlo sin elipsis: la clase política colombiana es la responsable del 99 por ciento de nuestras desgracias, que por supuesto comienzan por el asalto a la administración pública como ha ocurrido en Córdoba donde se ha logrado descubrir que se robaron mal contados 80.000 millones de pesos, de los cuales Lyons recibió el 30% según los testigos de cargo, o sea la nadería de 24.000 millones de pesos, de los cuales solo devolverá 4.000 millones, y el resto fue a parar a los bolsillos de los traficantes de la política ya tristemente célebres para que se convirtieran en los máximos electores de Córdoba con poder para definir las elecciones presidenciales, además de la mermelada millonaria que recibieron del Gobierno junto con los sobornos de Odebrecht.

Y es que  ese concierto para delinquir que se fraguó en Córdoba por supuesto se aplica en todas las regiones de este desventurado país para hacer política robando impunemente cuando aquí tenemos un cartel de la toga y no podemos tener la justicia de los Estados Unidos de manera permanente para que los descubra. Y para desgracia nuestra, la ciudadanía que no reacciona se apresta como en un tormento de Sísifo a reelegirlos para que nos sigan saqueando las legiones de  Musas y Ñoños que tenemos a porrillo a sabiendas de la impunidad.