Por Aníbal Charry González

Ahora que el país está padeciendo el peor escándalo de corrupción en la justicia de toda nuestra  corrupta historia, y yo diría, sin hipérbole, que del mundo, pues que se sepa no se tiene conocimiento que 3 ex presidentes de una Corte Suprema de un solo tacazo, se hayan visto involucrados en cualquier otro país en un episodio tan pestilente como este; de un verdadero  concierto para traficar con sentencias, que me atrevería a calificarlo como una auténtica toma de la Justicia por la corrupción , demostrativa de la necesidad urgente de acometer una reforma estructural que no será posible sino a través de una asamblea constituyente limitada, que en esta oportunidad debe apoyarla todo el pueblo colombiano para que, con su intervención como soberano y constituyente primario contribuya a resolver la podredumbre que se nos ha venido encima.

Y es que no ha sido posible reformar a la Justicia vía acto legislativo porque un Congreso dependiente y acobardado por sus jueces que son los magistrados de las Altas Cortes ha sido incapaz de hacerla, que resulta propicio recordar la intervención del entonces presidente de la Corte Suprema, el inefable Leonidas Bustos, que cuando se tramitaba la reforma de Equilibrio de Poderes que creaba la Comisión de Aforados, no tuvo ningún empacho en coro con el entonces fiscal Eduardo Montealegre, en llamar  a la reforma en forma amenazante y canalla, como otra “toma del Palacio de Justicia” -equiparándola a la que se hizo a sangre y fuego por el M19 en alianza con Pablo Escobar que aniquiló  a esa otrora digna corporación-, porque iban a tener quien los rondara en el caso de cometer fechorías como las que cometió Bustos y compañía de traficantes infames de la Justicia. Ahora si entendemos su vehemencia para propiciar su propia impunidad.

Por eso,  frente a los sucesivos fracasos para reformar la justicia por parte del Congreso, resulta imperativo convocar esa asamblea constituyente limitada, que no puede ser dilatada más con propuestas impracticables como la que ha hecho el procurador Carrillo, de un referendo para un tema tan técnico y delicado, y del salmodio de quienes participaron en la pasada constituyente que dio origen a la Constitución del 91 y de los medios sobre el peligro de un falso salto al vacío, que por supuesto no puede existir con una constituyente exclusivamente para reformar a fondo la envilecida justicia, que está prevista en el artículo 376 de la Carta que tiene además el aval de la misma Corte Constitucional con la sentencia C-150 de 2015.

No hay duda que es la hora de la intervención del pueblo para que como soberano contribuya a reformar estructuralmente la justicia, porque no pueden solo invocarlo para legitimar un Congreso cobarde y contaminado que ha sido incapaz de hacerlo, para responderle al país en estos aciagos momentos sin atender los cantos de sirena de quienes proponen cambiar las cosas para que sigan igual en ese entramado de favores recíprocos entre el Legislativo y el Judicial que ha contribuido a tener el albañal que tenemos por Justicia.