Por Acxan Duque Gámez

Cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país recibió con gran anhelo esta transición de un conflicto armado de más de 50 años. Esto se vislumbró como una oportunidad para un desarrollo real y progresivo en los territorios de las comunidades negras, especialmente en el pacífico y en el caribe colombiano.

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras han sido el grupo étnico que ha sufrido con mayor rigor las vulneraciones y violaciones de los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En cifras oficiales, son más de 800.000 víctimas que se auto-reconocen dentro de este grupo; estas cifras, no corresponden a la realidad territorial ya que muchas personas no han declarado por su situación de riesgo, miedo e intimidación, que se traduce en el confinamiento y la resistencia.

Otro escenario, es que quienes declararon, no conocen su derecho al auto-reconocimiento, por lo que dentro de las víctimas sin enfoque étnico hay muchos afrocolombianos, en especial en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde persisten los crímenes de lesa humanidad.

Un agravante a estas circunstancias es que se siguen presentando nuevas víctimas: asesinatos, desplazamientos forzados, extorsiones, desaparición forzada, casos de violencia sexual y confinamiento (que restringe la movilidad y seguridad alimentaria de las comunidades). Los líderes de los procesos territoriales están siendo perseguidos y estigmatizados, muchos de ellos han sido víctimas del fenómeno conocido como falsos positivos judiciales, donde son procesados por delitos que no han cometido.

Esta situación se empeora por el asesinato de los líderes y lideresas afrocolombianos, que, pese a la solicitud de protección, no han recibido respuesta efectiva del Estado Colombiano, conduciendo a su aniquilación sistemática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la relatora especial para la población afrodescendiente, ha manifestado en diferentes oportunidades su preocupación por la vulneración de los derechos de la población afrocolombiana sin respuesta efectiva de las entidades encargadas.

Uno de los líderes que dio su vida por lograr una transformación social en pro de la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto, en especial las afrocolombianas, fue Bernardo Cuero Bravo, líder nacional de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES, quien, desde su labor derechos humanos, solicitó protección a instancias nacionales e internacionales, cuya única respuesta fue entregarle un teléfono celular y un chaleco antibalas, que posteriormente se le retiraron, argumentando de forma falaz que su amenaza no obedecía a su labor.

La Unidad Nacional de Protección (UNP), no protegió el derecho a la vida de Bernardo Cuero y hoy las comunidades y AFRODES, lloran su muerte y sufren cada vez más desatención y menos representatividad, porque perdieron una de sus voces más emblemáticas.

Para que la paz no nos cueste la vida, se requiere que el gobierno nacional adopte medidas eficaces para la protección de los derechos étnico-territoriales de las comunidades  negras; de lo contrario, estamos abocados a una nueva etapa de exterminio étnico, cultural y social.