Por Aníbal Charry González

Si alguien duda de la necesidad urgente de reformar a fondo vía fast track  el miasma agusanado de nuestro sistema político electoral con el cual se eligen y reeligen todos los políticos y gobernantes -financiando las campañas por parte del Estado, pero creando  una Corte Electoral con dientes y  garras que  controle y sancione -independiente de la gusanera de los partidos políticos, entre otras, como lo ha recomendado la Misión Electoral Especial-, no es sino que le echemos ojo al informe que ha entregado estérilmente el auditor general Felipe Córdoba a la Fiscalía General , -y digo estéril porque no pasará nada con él por estar autorizado legalmente el corrompido sistema-, para que no aplacemos más el combate contra este cáncer  metastásico que nos carcome.

El informe de marras lo que hace es divulgar el escalafón de las campañas regionales de los corruptos financiadores que después reciben millonarios contratos, en un ejercicio sistemático   de yo pago para elegir para que el gobernante me pague la elección  y así nos enriquecemos todos   con cargo al erario en un fétido carrusel, como que la retribución por aportar en campañas llega al 1500%. De $4.952 millones que aportaron recibieron contratos por $74.301 millones adjudicados por contratación directa el 23%. Mejor negocio, ni el tráfico de cocaína ni la minería ilegal.

 Veamos algunos botones de ese top corruptor de varios gobernantes que llegaron montados en el discurso falso de la transparencia, incluido el alcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez quien ya fue denunciado por adjudicar contratos millonarios para pagar favores de  campaña. El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez recibió de la empresa Inciviles S.A. 15 millones de pesos y después se le adjudicó un contrato de 9.000 millones por parte de las EPM. CONINSA S.A. aportó 5 millones y las EPM la retribuyeron con un contratico de 4.299 millones. El alcalde de Cali  Norman Armitage, recibió del Diario El País S.A. aportes por  36.5 millones y después le pagó con 29 contratos por 1.885 millones. Si esto fuera delito nos quedaríamos sin alcaldes ni gobernadores porque irían presos todos como aplicadores del sistema a incrementar el hacinamiento carcelario. Tal es su podredumbre.

Para el caso de Neiva con el alcalde Lara Sánchez con el cual me siento indignado por ser un farsante que prometió transparencia y el cambio de las costumbres políticas, muy pronto me di cuenta habiendo contribuido decididamente a elegirlo, que su compromiso no era con los 75.000 neivanos, sino con los financiadores de su campaña como el manipulador Diego Muñoz a quien además le entregó buena parte de la administración y aspira a que  lo haga senador-, y las clientelas locales a quienes les atribuyó su triunfo para cumplirles ignorando al grueso de neivanos que creímos en él por la memoria de su padre, que no pasamos cuenta de cobro por los aportes que también hicimos a su campaña. Si no hay cambios radicales a este sistema electoral podrido, propongo que no participemos más como cómplices en las próximas elecciones de esta cloaca nacional que no es ninguna democracia.