Marcos Silva Martínez.

El  futuro nacional es realmente incierto, aunque el  alto gobierno y los usufructuarios del poder lo maquillen, para continuar y profundizar el festín de lo público.

Los responsables únicos, de toda la problemática fiscal y social,  del caos político y socioeconómico  y del precario desarrollo nacional, son los sucesivos gobiernos que ha padecido y padece Colombia, la clase política que los impone, secunda y usufructúa, los electores que los eligen y la sociedad que los tolera.

La extrema derecha con los gremios económicos, pidieron al actual gobierno, criminalizar la protesta social (ocurrió con la Minga). Lo justifican con burdos sofismas, como lo hizo el  ministro de defensa al decir que todo consiste en que se roban la ropa de las perchas. ¡Que bruto y cínico!. Y el ministro de hacienda que no sabe las causas del crecimiento del desempleo y  la pobreza,  ni sabe  cómo solucionarlo. Que perverso.

El silencio del presidente Duque, ante semejantes irresponsabilidades de sus ministros, significa su aceptación.

La extrema derecha rabiosamente y utilizando todos los medios, insiste en dañar los acuerdos de paz, concertados con las FARC. La razón fundamental: Detestan la verdad, le tienen miedo y de ahí el afán de desprestigiar la JEP y de bloquear los alcances legales de la normatividad que la rige. Lo hace  con saña el uribismo.

El argumento pretexto que esgrimen: la extradición de implicados. Descubrieron la pólvora, cuando los delincuentes de cuello blanco, que deberían estar pagando sus delitos, deambulan disfrutando el imperio de la impunidad.

Tienen la fortuna de disponer de jueces que no “han podido” entender el entramado criminal de ODEBRECHT, de SALUDCOOP, de MEDIAMAS, entre muchos otros beneficiarios y secuaces.  Ni  les preocupa el entramado de la corrupción y el despilfarro del criminal negocio de la salud, ni de la contratación pública en general. Ni la racha criminal contra los defensores de los derechos sociales. etc.

Mientras la extrema derecha persigue objetivos mezquinos, como espuma crecen el desempleo (DANE), el subempleo, la pobreza,  la miseria, la importación de alimentos de consumo masivo, la criminalidad, la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Es la impronta del desastre gubernamental-administrativo nacional, regional y local.

Donde se ponga el dedo sale pus, dijo el expresidente Santos en su primer periodo y durante su gobierno nada concreto hizo para resolver la apocalíptica amenaza de la corrupción y la impunidad.

En lo regional: la “autopista” Neiva-Pitalito-Santa Ana.  No  declaran la caducidad del contrato y lo justifican con argumentos falaces. El bloqueo en el corredor Gigante-Garzón  puede resolverse en un día de trabajo con dos retroexcavadoras y seis volquetas.  Prefieren  mantenerlo y entre tanto, engañar al pueblo con sofismas disfrazados de legalismo.

El clan Solarte no logró tapar todos los delitos que presuntamente ha cometido en la contratación de infraestructura. Condenaron a uno de los representantes y el otro sabe que no puede eludir la condena. Todas la cinco concesiones debe entregarlas.  Pero el gobierno pretende  darles gabelas de vender o ceder los contratos. Es  complicidad con el crimen y la corrupción que está devorando a la nación y proyectando un horizonte sombrío para las generaciones futuras. El estado y el gobierno, deben declararle caducidad a todos los contratos que tengan los Solarte  en Colombia, igual que a ODEBRECHT,   como lo ordena la ley. Pero el imperio de la impunidad los protege. Igualmente con las empresas de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, entre otros.

La caducidad facilitaría replantear todos  los  proyectos: técnica y económicamente y con ello reducir peajes y costo de los mismos. Parece que los diputados y la sociedad de ingenieros no logran entender ese entramado de corrupción y criminalidad, que empuja al colapso, el futuro de la nación