Por Aníbal Charry González.
A tono con lo pactado en el Acuerdo Final con Las FARC para dar garantías electorales y permitir su participación en política que cambie las balas por los votos -que es el objetivo toral del proceso de paz-, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo ha presentado una propuesta “integral” de reforma política, que de entrada hay que decir nada tiene que ver con ese propósito y menos para hacerla vía fast track, como que se propone como eje de la misma la eliminación de la Vicepresidencia, la ampliación del periodo presidencial y de alcaldes y gobernadores a 5 años, lo mismo que el de los organismos de control, y el voto a los 16 años, entre otras.
La propuesta desde ya ha generado urticaria entre los partidos políticos por los intereses que se encuentran en juego en este país de mezquindades politiqueras propias del pérfido sistema político electoral, y no se entiende cómo es que se lanza al desgaire sin haber esperado las conclusiones de la Misión Electoral Especial, que se supone debía ser escuchada para que se lleven a cabo las reformas que se requieren con urgencia y se pueda atacar a fondo el podrido sistema electoral, especialmente en cuanto a la financiación de las campañas sempiternamente contaminadas como se confirma ahora con el escándalo de Odebretch y de Ñoños y cía.
Y es que toda la podredumbre del sistema radica en el nulo control que existe a la financiación de las campañas por parte del Estado y la impunidad, sobre lo cual nada se plantea que hace que algunas propuestas como la financiación estatal plena que apuntan a impedir que sean cooptadas por la corrupción queden como un canto a la bandera, que hace imperativa una reforma esta sí verdaderamente de fondo y estructural con la creación del poder electoral con una Corte de cierre a la cabeza independiente de los partidos con funciones jurisdiccionales para que en forma privativa y excluyente se encargue de resolver sobre todo lo relacionado con los actos electorales incluidas sanciones en forma expedita, eliminando y unificando el eunuco y politizado Consejo Nacional Electoral y la sección quinta del Consejo de Estado como lo ha propuesto la Misión Electoral a instancias del consejero Alberto Yepes Barreiro.
Esa sí sería una auténtica reforma que podría hacerse vía fast track por estar relacionada con la almendra de las garantías electorales que se pactaron en el Acuerdo Final que nunca hemos tenido, que seguramente no va a ser acogida por esa misma circunstancia, como que ya ha sido descalificada por el presidente del Consejo de Estado en la eterna confrontación por la supremacía judicial, con el peregrino argumento de que no tiene relación directa con lo pactado en La Habana. Este es el momento para crear el cuarto poder con garras y dientes para tratar de acabar el miasma electoral de la mano de una verdadera democratización de los partidos y sanciones severas que incluyan cárcel y pérdidas de personería y muertes políticas, pues de lo contrario las cosas cambiarán para seguir igual.
