La evaluación a La Política Pública para prestar el servicio de alumbrado público en el país, efectuada por Planeación Nacional, evidencia falta de interventoría y control, sobrecostos en las tarifas de energía, mala calidad del servicio y ausencia de un plan de manejo adecuado de residuos, son algunos de los hallazgos derivados de

El análisis realizado a partir de información recolectada en 703 municipios, evidenció graves desórdenes, que no solo afectan las finanzas de los municipios y distritos, sino a la ciudadanía por no recibir un buen servicio.

El 85% de los municipios consultados confirmaron que no cuentan con un interventor para el seguimiento a la prestación del servicio de alumbrado, que implica falta de control en la prestación.

Solo los municipios que operan a través de un tercero están en la obligación de hacer estas interventorías. Los municipios que operan de manera indirecta, el 75,5% no realizan esta actividad.

“La evaluación encontró que tener un interventor se asocia con mayores niveles de inversión, una mayor cobertura y una mayor iluminancia”, indicó Luis Fernando Mejía Director del DNP.

SUPERSERVICIOS DEBE LIDERAR ESA VIGILANCIA

Las tarifas es uno de los hallazgos más importantes de la evaluación, porque algunos Municipios y Distritos pagan costos más altos de la tarifa del mercado regulado por el suministro de energía para el alumbrado público.

Una de la causa asociada al sobrecostos, es la mala negociación que hacen las alcaldías a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público.

Bogotá paga más del doble de la tarifa del mercado regulado, al registrar un sobrecosto de 104%. Otras alcaldías que pagan con sobrecosto son Cáceres (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Zona Bananera (Magdalena).

Para solucionar este inconveniente, el DNP propone que la Superintendencia de Servicios Públicos asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación y propuso solicita a la Contraloría General de la Nación una auditoria excepcional para la prestación del servicio de alumbrado público.

HASTA UN MILLÓN Y MEDIO POR LUMINARIA

Al analizar los costos que se asumen por administración, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público,

La evaluación encontró que en promedio el gasto de administración, operación y mantenimiento por luminaria es de $218.633, donde los Llanos registra el menor promedio con $78.389 por luminaria y la región Caribe registra el mayor promedio con $384.942 por luminaria.

El estudio encontró casos extremos como que en un municipio del país los gastos por administración, operación y mantenimiento por luminaria cuesta $5.559  y en otro asciende a $1.511.067.

Esta heterogeneidad se debe, en gran parte, a falta de control, pues sólo el 19,4% de los municipios visitados tiene sistemas de medición precisos para la verificación del suministro de energía.

En el 26,9% de los municipios no se verifica, en el 7,5% se hace según los datos de la interventoría, en el 26,9% se paga el suministro con información del cálculo realizado por el operador, en el 32,8% según inventario del municipio y en el 38,8% de los casos se paga según el inventario del comercializador.

Respecto al tema ambiental, la evaluación encontró que el 55,1% de municipios encuestados no cuentan con un plan de manejo ambiental para la disposición de los residuos de alumbrado público, que conlleva a una mala disposición en los residuos de alumbrado.