Por Carlos Tobar
Sin ser un santo de mi devoción, celebro que, Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, se despache en su columna de opinión de la revista Dinero (edición 528 – octubre/17), contra la evasión de impuestos a que está acostumbrada la élite nacional. En sus palabras: “Es bastante conocido qué hacen las personas adineradas para evadir impuestos y pagar sobornos.” Para, señalar a continuación que, “esto le cuesta al Estado mínimo 4% del PIB al año, mal contados $30 billones. Esa es la evasión del 0,01% más afortunado de Colombia.” Y, rematar de manera lapidaria que, “El país no tiene el espacio fiscal para seguir tolerando tanto abuso. La sociedad debe exigir que el sistema se reforme.”
Que el sistema tributario colombiano está plagado de inequidades lo prueba la última reforma tributaria que, ajustó a la baja la tributación del gran capital y descargó el peso de los recaudos sobre los ingresos del trabajo. A los primeros, no solo les rebajó las tarifas de la tributación directa, sino que les sigue manteniendo, cuando no ampliando, las exenciones que llevan a que muchas empresas, en la práctica, no paguen nada al fisco nacional. Al incrementar la carga tributaria sobre los impuestos indirectos (IVA) –que, se pagan independientemente de los ingresos, lo que los hace regresivos porque pesan más para los que menos ganan–, el gobierno de Santos “se dio un tiro en los propios pies”. La caída del consumo nacional, al disminuir fuertemente la capacidad de compra de los que menos tienen, –pero que son la masa crítica, por su gran cantidad, de la economía–, llevó a una caída histórica de las ventas que tienen al comercio, a la industria, al sector financiero, en fin, a toda la economía al borde del colapso. El crecimiento del PIB, un indicador de la capacidad productiva del país, ha venido siendo recortado a la baja. Ya vamos en 1.6%, la previsión de crecimiento de Colombia en este año; un crecimiento pírrico que puede ser considerado como síntoma de estancamiento del aparato productivo. Es tan desesperada la situación que, un sector como FENALCO, viene proponiendo la suspensión del cobro del incremento del IVA, durante los meses de noviembre y diciembre.
Esta irracionalidad, debe llevar a considerar seriamente, como propone Ortega, reformar el sistema, con medidas básicas de control a la evasión y la elusión que incluyan la penalización de los crímenes fiscales para responsables de los tributos, haciéndola extensiva a contadores y revisores fiscales, así como otras medidas de incentivos a la delación, publicidad de la información tributaria de personas jurídicas nacionales y extranjeras, no permitir la inclusión de gastos personales en cuentas de empresas, así como “modificar la forma en que se contabilizan los bienes y activos del 1% más adinerado”. Y, yo propongo, revisar el impuesto de renta, estableciendo una diferenciación clara de tarifas entre multinacionales, grandes, medianas y pequeñas empresas, como se hace en cualquier país desarrollado –v.gr. Estados Unidos–, así como entre empresas rurales y urbanas. De igual manera, acabar con las exenciones perversas que permiten el no pago de impuestos de sectores muy importantes que tienen la obligación de contribuir al desarrollo, ya que, como dice Ortega “la plata está en manos de quienes más tienen. Ya es hora de que le cumplan al país.”
¿Le suena?, doctora Saray.
