Por Aníbal Charry González.

Y no megaconstrucciones que es lo que deberíamos tener para el progreso y desarrollo de nuestro país, es lo que tenemos a la orden del día por la falta de planificación, carencia de diseños y estudios para la construcción de las obras públicas y claro, la omnipresente politiquería, que constituye la sumatoria de la gran corrupción que nos asuela  en el sector público, que hace posible que a lo largo y ancho de la geografía nacional pululen las obras inconclusas y los elefantes blancos, de lo cual por supuesto no podía estar ausente nuestro departamento en el sector de la educación, de la salud, en el de los escenarios deportivos, etcétera, etcétera, donde prácticamente no se construye ninguna obra en los plazos, ni en los términos, ni con la calidad que espera la ciudadanía, porque todo, por cuenta de nuestros voraces  politiqueros que nadie puede meter en cintura por falta de voluntad política y por elemental conveniencia al podrido feudo político electoral que nos rige, cae en el barril sin fondo de la megacorrupción.

Ya el Departamento Nacional de Planeación ha lanzado las alertas de siempre: que hay 122 proyectos financiados con las regalías en estado crítico de ejecución por un billón de pesos. Lo propio ha hecho la Contraloría General de esta desgraciada república, al alertarnos -sólo sirve para eso porque no se pueden impedir-, de la miríada de  actos de corrupción generalizados  en la construcción de obras públicas que implican detrimento patrimonial en las regiones como en la construcción de los llamados megacolegios en el Huila, convertidos en monumentos a la falta de planeación y al despilfarro que no pueden cumplir con la misión para la que se supone debían ser construidos, y si tenemos la fortuna de que se terminen, es tan precaria su calidad que ponen en riesgo la integridad de los estudiantes.

Por eso tenemos que presenciar inveteradamente debates de control político tardíos por parte de las corporaciones públicas para llamar la atención sobre esta plaga de plagas que nos condena al subdesarrollo, sin que nada podamos hacer para evitarlas  y menos sancionarlas, por cuenta de un sistema vitando hecho a la medida de la politiquería a la que le encargan la construcción de las obras como mermelada para que paguen los gastos de campaña de los gobernantes  a través de entidades que no tienen capacidad técnica para la ejecución de los proyectos con el fin de que los tengan que subcontratar con los sayayines de la corrupción que son enjambre en el sector público, que han convertido la coima en el instrumento normal de enriquecimiento ilícito y de  permanencia de la voracidad politiquera.

Y si a eso le sumamos  un sistema penal permisivo que negocia con los corruptos como en el caso de Ibagué con los escenarios deportivos, donde el megaladrón termina restituyendo la birria de 750 millones de pesos para quedar libre de polvo y paja  cuando se ha robado más de 150.000 millones, estamos condenados a nuestra perra suerte de vivir alertados estérilmente por las asustadurías de las megacorrupciones. ¿Así, tendremos paz algún día?