Por Eduardo Gutiérrez Arias.
La semana pasada, dos importantes medios de comunicación colombianos (El Tiempo y El Espectador) publicaron noticias alarmantes sobre las Fuerzas Armadas de nuestro país.
La primera fue la historia de los militares que figuraban en la nómina de los jefes del Clan de Golfo en Nariño.
El primero de la lista es nada menos que quien fuera comandante de las Fuerzas Armadas, general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, acompañado de oficiales como los coroneles (r) Robinson González y Harry Leonardo Gómez, sumados a un número indeterminado de oficiales y suboficiales quienes mantenían informada a la mafia sobre los operativos de la fuerza pública por cuya información y apoyo, esta les cancelaban honorarios cuya nómina mensual era de alrededor de los cuatrocientos millones de pesos.
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En momentos en que el general Barrero, en uso de buen retiro, desempeñaba estas labores para el Clan del Golfo, también ejecutaba contratos con el Estado para garantizar la vida de los dirigentes sociales amenazados por esta misma mafia, cuyo número de asesinados en los últimos años pasa de los 1.200.
La otra noticia destacada fue la denuncia que formularon las hijas de Horacio Urán Rojas, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, asesinado durante los sucesos de la toma por el M-19 y la retoma por el ejército, del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
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Esta denuncia se interpuso en la Corte del Distrito Sur de la Florida, dado que parte de esta familia reside hoy en Estados Unidos donde se refugiaron ante las amenazas de muerte que recibieron por sus denuncias.
El principal acusado es el coronel (r) del ejército Alfonso Plazas Vega quien comandó las tropas que ejecutaron la retoma.
Las denunciantes tienen pruebas que el magistrado salió vivo del palacio de justicia, fue llevado por el ejército a un sitio donde lo interrogó, lo torturó y lo asesinó, para finalmente regresar el cadáver al Palacio de Justicia, haciéndolo aparecer como muerto en la balacera.
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Los dos informes fueron silenciados por el resto de la prensa nacional y hoy son noticias olvidadas.
Ante la contundencia de las pruebas que los acompañan, seguramente se recurrirá al manido argumento de las “frutas podridas” que deben ser desechadas. Pero esta es una forma de ocultar la realidad.
La institución militar colombiana, formada en la doctrina de la “seguridad nacional” y el “enemigo interno” para combatir la insurgencia guerrillera, cree que en cualquier fuerza progresista y democrática se esconde el fantasma del comunismo que se debe combatir a cualquier precio y por cualquier medio.
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Por eso necesitan grupos armados ilegales que justifiquen su frondosa nómina, su alto presupuesto y su preponderancia entre los aparato del Estado, impidiendo de paso cualquier reforma democrática de la institución.
