Por Aníbal Charry González.

Si tuviéramos un sistema político electoral y una clase política decente, no tendríamos necesidad  de la expedición de leyes como la de la cuestionada ley de garantías electorales, que busca  inútilmente en un medio tan contaminado como el nuestro por la misma clase política corrupta  que tenemos, que tiene como fin la obtención del poder político a como dé lugar, de la mano  de la ley o contra ella para ponerlo a su servicio y no del país, y que -busca supuestamente  garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser  acatadas por las entidades públicas-, no deja de ser un chiste cruel con este lacerado país  avasallado por la corrupción de todo orden, con ley o sin ley de garantías electorales. 

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Por eso uno de los grandes procesalistas del orbe, el maestro italiano Chiovenda decía que las  leyes en sí mismas no son ni buenas ni malas, sino que las hacen buenas o malas los encargados  de aplicarlas, y ya sabemos aquí en materia electoral quienes son los encargados de hacerlo para  que sea tergiversada su aplicación , soportada en un sistema político electoral podrido que tiene  asiento en el clientelismo y en la financiación de campañas por carteles de todo pelaje para  asaltar el presupuesto público, que los gobernantes elegidos ponen a su disposición como sea,  antes o después de la vigencia de la taimada ley de garantías electorales, que no podrá por esa  misma turbia razón garantizar ninguna transparencia y menos en la contratación pública. 

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Y por eso no deja de ser vacuo el tierrero que se ha armado para cuestionar la mal llamada ley  de garantías que pretende eliminar el también taimado Gobierno de Duque en la ley de  Presupuesto, invocando como lo hace ingenuamente el gremio de la infraestructura un deber  ético que no tienen gobernantes ni congresistas, sabedores de que antes o después de la  vigencia de la ley de garantías no habrá transparencia electoral ni en la contratación pública que  tiempo ha no tenemos mientras sea la clase política corrupta, de la mano de ese pérfido y  conveniente sistema electoral carente de efectivos controles y de autoridades electorales con  verdaderos dientes para garantizarla, la que haga realidad su aplicación. 

Aquí lo que hay que destacar es la marrullería de los que gobiernan actualmente como Duque y  su mentor, que en el gobierno de Santos se rasgaban las vestiduras como fariseos por la  eliminación que se proponía de la ley de garantías, porque fomentaba la corrupción y el  clientelismo, para ellos ahora proponerla desde su desastroso e incompetente Gobierno, de la  mano de un Congreso contaminado y cooptado por el Ejecutivo con la mermelada de siempre,  para no tener ninguna talanquera para aupar la corrupción y el clientelismo en época electoral  para tratar de mantenerse en el poder como sea, demostrativo de la marrullería de siempre de esa clase política vitanda, que es la que hay que cambiar en las próximas elecciones.