Por Aníbal Charry González.

Ahora que el presidente Duque, más por razones populistas, que de verdadera intención de lucha contra el crimen y la impunidad – en este país donde el 98% de los crímenes se quedan impunes -, ha manifestado que insistirá en la imposición de la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores, no obstante lo expresado por el Consejo de Política Criminal que recomendó no insistir en el tema por “razones jurídicas económicas y humanitarias”, resulta pertinente hacer unas precisiones sobre el asunto, cuando ha dicho igualmente que otro camino para hacerlo “sería escuchando a la ciudadanía”.

“Esto nos va a llevar a dos discusiones: o la discusión es en el Congreso en el trámite de un acto legislativo, que seguramente suscitará mucha controversia, o el camino será entonces un llamado a la sociedad colombiana para que se pronuncie”. Lo que ignora Duque con su propuesta para la galería ante la impotencia del Estado para luchar eficazmente contra la criminalidad desbordada en todo el territorio nacional, es que ninguno de los dos caminos es garantía de que la cadena perpetua se pueda implantar, aparte de que sea o no conveniente, por cuanto teniendo en cuenta lo que ya dejó sentado la Corte Constitucional en la sentencia C- 397 de 2010, esto no será posible, salvo que provenga del constituyente originario por sustituir la Constitución, en tanto la pena perenne atenta contra los principios de la dignidad humana y la proporcionalidad de la pena, elementos esenciales de un Estado social de derecho.

Porque además ha dicho la Corte: para determinar si una reforma constitucional constituye una sustitución a la Carta Política, es imperativo tener en cuenta los principios y valores del ordenamiento constitucional. En suma, cualquiera de los dos caminos que señala Duque como objeto de discusión resultará fallido para implantar la cadena perpetua, sea vía acto legislativo o referendo -por ser este último un acto complejo y no de manifestación directa del constituyente primario-, pues en ambos casos interviene el constituyente derivado que es el Congreso, ora con la aprobación del acto legislativo, o con la de una ley que convoque a la ciudadanía para pronunciarse sobre la cadena perpetua.

Mejor dicho, no solo es un acto populista y para la galería la propuesta de Duque, sino perfectamente inútil, porque  por cualquiera de las dos vías, sustituirá la Constitución, y la única manera de salir avante será con la intervención imposible del constituyente primario que no tiene canales de expresión directa,  ya que toda reforma constitucional de acuerdo a la misma Constitución y la Corte, no es un acto de soberanía, sino de revisión.

Lo  que significa en lenguaje prosaico, que el debate que abre Duque sobre la cadena perpetua es gastar pólvora en gallinazo, porque según el principio democrático de soberanía, el poder originario radica exclusivamente en el pueblo, que en esta república  de la corrupción de la clase política, el crimen y la impunidad, no  puede expresarse directamente para darse su propio destino, siendo una verdadera patraña su fementida soberanía, que quedó en letra muerta en la Constitución.