Por Marcos Silva Martínez.

Las reformas plantea y busca realizar el actual gobierno colombiano, a través del Congreso,  son las que debieron estructurar y realizar, durante los más de 200 años de ejercicio del poder público, los 118 gobernantes, que gobernaron a Colombia,  supuesta independiente y soberana, desde 1810, hasta el día de hoy. 

Durante más de dos siglos, los 118 gobiernos, que ejercieron el poder público de Colombia,   nunca quisieron estructurar una institucionalidad, una organización política y un marco legal, capaces alcanzar  niveles de desarrollo socioeconómico e institucional integral, de Colombia.

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Los resultados socioeconómicos, del desarrollo intelectual, tecnológicos y científicos durante más de 200 años  de ejercicio del poder político-administrativo, a nivel municipal, departamental y nacional, son desastrosos, hasta el día de hoy.

No ha habido ni  hay voluntad política ni responsabilidad social del poder ejecutivo y el Congreso, para ejercer la función pública para beneficiar a todos los ciudadanos.

Por el contrario, los usufructuarios del poder público, se niegan a apoyar reformas socioeconómicas, justas. Lo esta demostrando el diabólico uribismos y sus secuaces, al atacar las reformas sociales y económicas, propuestas e impulsadas por el gobierno del presidente PETRO.

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Esas huestes opositoras, en consonancia con gremios económicos y usufructuarios del poder, con sofismas perversos, pregonan la defensa de la nación y se convierten en punta de lanza, de la extrema derecha, para boicotear el desarrollo de la nación y someter el marco legal e institucional, para asegurar la defensa de sus mezquinos intereses. Evadidos  de la condición social nacional, sin  racionalidad y ética, presionan para que prevalezca en Colombia, la inequidad socioeconómica, la pobreza,  la desigualdad, la corrupción,  la criminalidad y   la impunidad. Eso es lo que defiende la extrema derecha, utilizando todas las formas de lucha, fundamentados en que el falaz criterio de que fin justifica los medios.  

La pobreza, la miseria, el desempleo, la informalidad, la inseguridad y la violencia de todos los orígenes, cada día son más graves y destructivos. Las  finanzas públicas, la balanza comercial, el endeudamiento público, cada día son más caóticos y amenazantes, socioeconómicamente. La  inversión social, cada día más  precaria, mientras que la criminalidad, la impunidad y la corrupción se generalizan.

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La corrupción y la anarquía institucional se catapultaron en los últimos treinta años de la vigencia de la actual Constitución.

Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción, el declive ético y moral del poder en Colombia,  alcanzarán niveles apocalípticos y de anarquía total.

Bajo esas perspectivas nacionales sombrías, los ciudadanos debemos reaccionar y debemos buscar las causas del desastre nacional.

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El elector, a través del ejercicio del poder del COSNTITUYENTE PRIMARIO Y LA INSTITUCIÓN DEL REFERENDO, puede lograr las transformaciones y ordenamientos  que requiere el marco legal, para la reconstrucción nacional de Colombia.   

El análisis crítico de la situación general de la nación y las convicciones sobre  los deberes de cada persona como ser social, deben motivar al lector  de los presentes planteamientos y conclusiones, a apoyar decididamente todas la reformas de carácter socioeconómico, planteadas por el actual gobierno,  para lograr condiciones básicas para emprender la reconstrucción nacional, desde las derruidos cimientos, que soportan la institucionalidad de Colombia.

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Colombia requiere con urgencia, entre otras,  Reforma de la Contratación pública, reforma Judicial racional integral, no como la del despistado e irresponsable actual Ministro de justicia y  parche del gabinete, reforma integral de la educación para dotarla de calidad, pertinencia  y formación humana, reforma salarial y pensional racional, etc.

-LAS REFORMAS SALARIALES Y  PENSIONALES SON CALVE PARA CONSTRUIR EQUIDAD SOCIOECONOMICA: Estas reformas, deben hacerse a través del CONSTITUYENTE PRIMARIO. Es la única vía que garantizas alcanzar el objetivo.

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Un referendo  puede poner fin a la inequidad salarial y pensional presente.  El constituyente primario, mediante el uso de recursos constitucionales,  debe  ordenar que:

1.-En Colombia, en el sector público, a partir de la aprobación del referendo, por concepto de salario y complementarios, ninguna entidad pública o mixta pueden pagar a ningún trabajador, funcionario  o prestador de servicios,  por concepto de salarios y complementarios,  más de 15 salarios mínimos mensuales, ni menos del valor de la canasta básica mensual. 

2-En Colombia, en el sector público Oficial, a partir de la aprobación del referendo, a nadie pueden pagar más de 8 salarios mínimos mensuales, por concepto de pensión y complementarios y en todos los casos, la liquidación de pensión tiene que hacerse con base en el salario básico mensual, únicamente.

3-Debe ordenar que todo colombiano en estado de invalidez económica y/o abandono familiar, a partir de los 65 años de edad, tiene derecho a recibir del Estado, una pensión mensual  permanente de un salario mínimo mensual,  sin derecho a sucesión pensional.

4.-Debe ordenar que el Salario Mínimo, a partir de la aprobación y vigencia de lo ordenado en el referendo,  se tiene que incrementar porcentualmente, durante los cuatro años siguientes a la declaratoria de la vigencia del Referendo, debe incrementarse porcentualmente, hasta alcanzar el valor de la Canasta Básica Familiar Oficial y a partir de ese monto, el salario mínimo tiene que incrementarse anualmente, en igual porcentaje al del crecimiento porcentual anual, de la Canasta Básica Familiar Oficial, de cada  año.

5.-Debe establecer que el ingreso a la función pública, como funcionario del estado de nómina o por contrato de servicios, siempre corresponda a selección por concurso público de conocimientos y que para poder concursar, debe demostrar que su formación académica es directamente afín con las funciones que debe desarrollar o ejercer, en el cargo para el cual concursa. En todos los casos, debe seleccionarse estrictamente en orden descendente, a partir del mayor puntaje obtenido en el correspondiente concurso.

6.-La selección de funcionarios de libre nombramiento y remoción, como ministros y similares, en lo nacional, departamental y municipal, tiene que hacerse siempre acatando el criterio de que el candidato y/o seleccionado, debe demostrar que su formación académica tiene que ser directamente afín con las funciones del cargo para el cual es nombrado. 7.-Toso lo ordenado en las precedentes decisiones, solo pueden derogarse o modificarse mediante consulta directa, al constituyente primario. La decisión del Constituyente Primario es la única vía, para lograr institucionalizar equidad y racionalidad pensional y salarial, y lograr las reformas que se requieren, para asegurar la construcción de equidad socioeconómica integral nacional.