Tomado de la Revista Semana

Cuando el Gobierno esperaba que la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz fuera un trámite sencillo, la reforma que habilita el tribunal que juzgará los graves delitos cometidos durante el conflicto colombiano pareció quedar en suspenso.

Antes de que iniciara el debate definitivo, la senadora conservadora Nora García Burgos, del departamento de Córdoba, pidió la palabra y se declaró impedida para participar de la votación. Desde hace muchos años tiene abierta una indagación preliminar por presuntos vínculos con paramilitares. Nada le han comprobado.

Luego, Teresita García (Opción Ciudadana) adujo un conflicto de interés. Su hermano el exsenador Álvaro García Romero fue condenado por conformar un grupo paramilitar y la masacre de Macayepo. En seguida, Olga Suárez Mira (P. Conservador) le recordó a la plenaria que su hermano el exsenador Óscar Suárez Mira fue condenado  en enero del 2011 a nueve años de prisión por sus nexos con las Autodefensas del Urabá antioqueño.

Minutos después el turno fue para Bernardo ‘Ñoño’ Elías (La U), su esposa es hija de Eric Morris, exgobernador de Sucre y exrepresentante a la Cámara, uno de los primeros condenados por parapolítica. El conservador Samy Merheg, de Risaralda, es hermano de Habib Merheg, otro de los congresistas vinculados a la parapolítica. Y cuando Andrés García (La U) levantó la mano, lo hizo para recordar que su madre Piedad Zuccardi está a la espera de su juicio en la Corte Suprema de Justicia, también por presuntos vínculos con paramilitares.

Los uribistas también se declararon impedidos, por otros motivos. Fernando Nicolás Araújo por ser víctima. Su padre, el exministro Fernando Araújo, estuvo secuestrado por las FARC. Por similares circunstancias advitieron conflicto de interés Honorio Henríquez y Daniel Cabrales para discutir la reforma de la Jurisdicción Especial de Paz.

Como los tribunales de esta jurisdicción podrían tener competencia sobre aquellos civiles que voluntariamente confiesen su responsabilidad en graves delitos, o reconozcan su financiación a grupos armados ilegales, y recibir beneficios judiciales. La reforma, en teoría, no descartaría que algunos de los llamados parapolíticos puedan buscar una pena alternativa.

Ese es el conflicto de interés que declararon hasta 24 senadores. La plenaria procedió a resolverlos y aprobó los de Olga Suárez, Ñoño Elías, Sammy Merheg y Andrés García Zuccardi, y se negaron los de Nohora García Burgos, y el de los tres uribistas, Araújo, Henriquez y Cabrales.

La situación se tornó tan compleja, que se tuvo que convocar a una subcomisión para que resuelva el resto de los 24 impedimentos, de lo contrario, la votación de la reforma podría estar en aprietos. El Gobierno buscará en cuestión de horas habilitar a la mayor cantidad de congresistas que se declararon impedidos.

Los senadores  Roosvelt Rodríguez (La U), Eduardo Enríquez Maya (P. Conservador), Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), Antonio Navarro Wolf (A. Verde), Juan Manuel Galán (P. Liberal) y Alfredo Rangel (C. Democrático) deberán entregar un concepto.

Una parte de esta subcomisión plantea rechazar los impedimentos relacionados con condición víctimas, familiares condenados por parapolítica, y los de indagación en la Corte Suprema de Justicia. Otros quieren impedir la votación de senadores que tengan familiares condenados por relaciones con grupos paramilitares o los que ya tengan procesos judiciales en curso.

Más allá de la mecánica legislativa, el debate sobre los impedimentos tuvo su trasfondo político. “Esos impedimentos me parecen una confesión. Yo tomaría los que se radiquen y se los remitiría a la Corte Suprema de Justicia porque o es una tomadura de pelo para sabotear el trámite de la JEP o es una confesión”, dijo Claudia López (A. Verde), sorprendida por el episodio que se vivió en el Senado.

Su colega de bancada Jorge Iván Ospina calificó lo sucedido este martes en la plenaria como el reconocimiento de que en Colombia hubo una guerra civil. “Que 24 congresistas se hayan declarado impedidos no es un hecho fortuito. Si los familiares  de los congresistas se declaran combatientes y reconocen su participación activa, independientemente del bando pueden tener los beneficios de la justicia especial de paz. Estaría por verse si podrían recuperar sus derechos políticos”