Por Aníbal Charry González.

El cinismo y la marrullería de nuestra dirigencia política para justificar sus crímenes, ha hecho posible acuñar ciertas frases para cuestionar la labor de la justicia, como aquella del máximo exponente de esta siniestra escuela Ernesto Samper Pizano, que a raíz del proceso 8000 y su espuria elección como presidente de la República con dineros de la mafia del narcotráfico que imperativamente hizo intervenir a la justicia, afirmó que se trataba de un caso de judicialización de la política.

O la del ex presidente Álvaro Uribe que a raíz de la miríada de condenas a sus “buenos muchachos”, acuñó la de persecución política para relativizar con perfidia las decisiones de la justicia, en lo cual insiste ahora en coro con sus áulicos en el caso del ex ministro Andrés Felipe  Arias actualmente preso en los Estados Unidos por un pedido de extradición que atribuyen malévolamente al presidente Santos, en lo cual insisten sus abogados defensores, cuando tiene fundamento en una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia.

Y para el desviado propósito acuden a toda clase de argumentaciones falaces que calan en la voluble opinión pública que ve como una audacia el crimen dependiendo de quién lo cometa, como lo hace Plinio Apuleyo Mendoza con afirmaciones tales de “que no tendría presentación de que Andrés Felipe Arias y otros honestos funcionarios (condenados claro por la justicia colombiana por crímenes atroces), víctimas de una persecución política, continúen pagando largos años de cárcel, mientras los comandantes de las FARC, gracias a todo lo que les va a conceder un acuerdo de paz, queden libres de castigo alguno”.

No puede ser más cínica la justificación del crimen comparando a quienes lo han cometido desde la legalidad afectando el patrimonio público como el prófugo ex ministro Arias, con quienes han estado fuera de la legalidad como en el caso de los comandantes guerrilleros. Porque hay que reiterar que Arias fue condenado por la máxima instancia de la justicia ordinaria a la pena de 17 años y seis meses de prisión y a pagar una multa de 25.000 millones de pesos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en beneficio de terceros, al quedar demostrado en el proceso que hizo entrega de millonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro a varios terratenientes de la Costa que a su vez iban a financiar su campaña presidencial, y al bandido senador santandereano Alirio Villamizar entre otros, a quien le adjudicó un subsidio de 496 millones de pesos a través de su hijo que de agricultura solo sabía de la papa que se comía, lo cual por supuesto era un crimen mayor que tenía que ser sancionado rigurosamente.

Y esos argumentos son los que tendrá en cuenta la justicia norteamericana que es bien seria para conceder la extradición de Arias para que cumpla con su pena, sin atender la leguleyada de Uribe de que no hay tratado de extradición vigente y de que se trata de una persecución política tratando de deslegitimar cínicamente a nuestra justicia.