Por Aníbal Charry González.

El presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt a comienzos del siglo XX dio comienzo a una política intervencionista en sus relaciones internacionales y diplomáticas que se conoció como el “Gran Garrote”, concretada en intervenciones militares para ejercer presión donde quiera que se amenazaran según su imperialista criterio sus intereses,  que se resumió así: “ Si una nación demuestra que sabe actuar con eficacia y decencia razonables en asuntos sociales y políticos, si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no necesita temer ninguna intervención de los Estados Unidos. Pero un mal comportamiento crónico, o una impotencia que da lugar a un relajamiento general de las normas de la sociedad civilizada, sea en América o en otra parte, requiere en última instancia la intervención de cualquier nación civilizada, y en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos, en casos flagrantes de tal comportamiento, y aun cuando sea renuentemente, al ejercicio de un poder policial internacional”.

Pues bien: desde esa declaración para fungir como el gran gendarme mundial, han sido muchas las participaciones militares de los Estados Unidos para ejercer presión con el fin de garantizar la preeminencia de sus intereses, que por supuesto ha extendido con otros métodos  no menos abusivos y atentadores de la soberanía de las naciones a través de la diplomacia, como ha sucedido ahora en el siglo XXI en el inefable gobierno de Trump, especialmente en nuestro descaecido país, donde el embajador Kevin Withaker actuando no como tal sino como virrey, viene ejerciendo presión groseramente contra los poderes legislativo y judicial en patente ataque a nuestra soberanía e independencia utilizando el garrote de privar unilateralmente de la visa  a congresistas y magistrados de la Corte Constitucional y Suprema, porque sus decisiones no se han ajustado a sus particulares intereses.

Es así, como por cuenta del espinoso tema de las objeciones presidenciales, no vaciló en revocarle la visa de turismo al representante a la Cámara del partido de la U, John Jairo Cárdenas por  manifestar públicamente su decisión de rechazarlas por constituir un desacato a la Corte Constitucional, lo cual calificó Withaker en forma dictatorial y ofensiva que se trataba de leguleyadas; y posteriormente procedió a revocarle la visa a los magistrados de la Corte Constitucional José Antonio Lizarazo, ponente de la Ley Estatutaria de la JEP –que se dice después le fue restablecida-, y a Diana Fajardo, lo mismo que al magistrado de la Corte Suprema Eyder Patiño, porque no concedió la extradición de un indígena de Nariño pedido por narcotráfico.

Ha sido tan burda la intervención del embajador norteamericano, que suscitó el  justificado rechazo del poder judicial a la indebida presión a su  independencia  y el ataque a nuestra  soberanía que todos los colombianos debemos respaldar, pero no del presidente Duque quien es el titular de las relaciones internacionales, y es el que ha debido pronunciarse enfáticamente en contra de esta política del garrote, y no actuar de cipayo como lo ha venido haciendo  para defender  intereses foráneos en los temas del glifosato, las objeciones de la JEP y la extradición en contravía de la Constitución