Por Rocio del Pilar Rincón.

En Colombia cuando una persona fallece, la ley tiene todo regulado para que sus ingresos laborales se distribuyan a su familia y este concepto se conoce como pensión de sobrevivientes. Si se trata de un funcionario de la Policía Nacional, en las normas se establece detalladamente un orden de beneficiarios para adjudicar la pensión cuando corresponda. Es importante precisar que, dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social, en pensión, la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales, cuyo objeto no es otro que el de proteger a los beneficiarios de un afiliado o pensionado, de tal forma que la ocurrencia de su muerte no implique, además, la pérdida de los recursos con los que su grupo familiar se sostenía en condiciones dignas.

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Aunque el Estado colombiano tiene el deber de garantizar a todas las personas el disfrute efectivo de sus derechos constitucionales, ello no habilita a las autoridades para obviar o incumplir las exigencias de ley en aras de que aquellos obtengan el reconocimiento de prestaciones sociales, por lo cual es justo realizar un estudio detallado de las solicitudes para adjudicar la pensión a quien realmente tenga el derecho.

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En este sentido, en sentencia No. 0292-20 del Consejo de Estado, se analizó el caso de Blanca, una mujer en condición de discapacidad mental absoluta según diagnosticó de Retardo Mental, padecido por más de treinta años, y no puede valerse por sí misma.  Blanca es la hermana de Jhon quien laboró durante 15 años como agente de la Policía Nacional y perdió la vida en actividad en el año 2004, ante su muerte, la entidad reconoció la pensión de sobrevivientes, es decir, los beneficios económicos que percibía el agente, a su señora madre, por ser la única beneficiaria según el orden preferente establecido en las normas, los cuales obtuvo durante 8 años hasta su fallecimiento. Posteriormente, Blanca mediante apoderado interpuso demanda solicitando el reconocimiento de pensión de sobrevivientes de su hermano. Su petición le fue negada porque el reconocimiento de la pensión de sobreviviente procede cuando no existe un beneficiario con mejor derecho, siendo importante aclarar que en el orden de beneficiarios de la familia del causante los hermanos ocupan el último lugar y esa posibilidad es residual, únicamente en caso de que aquel no tuviese cónyuge supérstite, hijos o padres, así mismo se indicó que no es viable la sustitución de la pensión de sobrevivientes a Blanca.

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Es importante destacar que Blanca no se encuentra desprotegida, teniendo en cuenta que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre y de acuerdo con la ley está prohibida una doble erogación, por cuanto el dinero proviene del tesoro público, con lo cual se encuentra garantizada su seguridad social y mínimo vital.

Teniendo en cuenta el caso analizado en la sentencia mencionada, es importante destacar la responsabilidad que tienen los curadores y tutores de las personas con discapacidad, pues deben tomar con seriedad sus compromisos y administrar de manera adecuada la pensión que reciben y consultar oportunamente cuándo pueden o no interponer demandas para no generar un desgaste en la vía judicial y tampoco una disminución de los recursos que puede recibir otra persona en condiciones de vulnerabilidad.