Por Aníbal Charry González.

En su más genuina expresión de vileza y engendro del mal. De eso somos plaga en Colombia en todos los niveles y actividades de nuestra patológica sociedad, incluida la política donde encontramos los seres más perversos y despreciables por la magnitud del daño colectivo que le causan a la sociedad. Canallas a quienes les caben todas las treinta definiciones concebidas por Geles Calderón, entre ellas las más apropiadas para calificar la conducta de Rafael Uribe Noguera: canalla secuestrador, torturador, violador y asesino de la niña indígena Yuliana: “como depredador de ajenas alegrías y guadaña de temprana vida”.

Por eso hoy tenemos  que ser testigos de un crimen sin nombre, en un país de crímenes sin nombre cometidos a través de la historia de nuestra atribulada y tolerante sociedad por esta clase de canallas que han quedado impunes, y por eso ahora mismo estamos reclamando que semejante crimen no quede en la impunidad sabedores de que tenemos un Estado que la fomenta con la lenidad de una legislación penal concebida para premiar al victimario, so capa de la defensa a ultranza de las garantías fundamentales de los delincuentes sin reparar en la protección y garantías que deben tener los millones de víctimas en Colombia que dejan las legiones de canallas que conocedores de esa impunidad han convertido a Colombia en paraíso de la violación y asesinato de menores y de la corrupción asesina en la administración pública que acaba también con la vida de los menores producto de la desnutrición como en la Guajira por robarse la plata de su alimentación.

En cualquier otro lugar del mundo esta clase de crímenes sin nombre cometido por estos canallas serían castigados con la pena de muerte por la imposibilidad de su resocialización como en el caso de Uribe Noguera, y aquí en Colombia hasta ahora estamos pensando en la cadena perpetua en medio de la resistencia del Gobierno Nacional que dice estar dispuesto apenas a abrir el debate como lo ha dicho el viceministro de Justicia, pero advirtiendo que esa no es la solución para prevenir y sancionar esta clase de delitos afirmando insólitamente que sería muy costoso para el Estado sostener estos criminales de por vida, y por eso es mejor que sigamos con la posibilidad siniestra de que sicópatas como Uribe Noguera y Garavito puedan salir en libertad a sabiendas de que vuelven a violar y asesinar.

Si bien ahora ante semejante crimen en el Congreso se ha radicado un proyecto de acto legislativo para aplicar hasta cadena perpetua  a esta clase de canallas, ello no es garantía de que algún día se aplique, y por eso es el momento oportuno de la indignación colectiva para que la iniciativa se consolide por la vía del referendo, pero no solo para violadores y asesinos de menores, sino también para los que roban al Estado lo cual no se aprobará nunca en el Congreso, a ver si podemos encerrar de por vida en defensa de la sociedad y particularmente de los menores a estos canallas que los asesinan como depredadores sexuales y del presupuesto público.