Por Aníbal Charry González.

Según la reciente medición que ha hecho Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en 180 países, en Colombia lejos de disminuir se encuentra en aumento, al punto que ahora ocupamos el puesto 99 cuando estábamos en el 96 entre los países medidos, encontrándonos por debajo de Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y Perú.

En suma vamos por el despeñadero en esta materia, simple y llanamente porque la lucha contra la corrupción no es más que un ejercicio retórico de quienes nos gobiernan que no hacen prácticamente nada para que la sociedad pueda percibir que se está haciendo algo contra esta plaga, por la sencilla razón de que la corrupción en la administración pública es el mismo régimen expresado en el sistema político contaminado que lleva a los gobernantes al poder.

Por eso con razón, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, afirma que el aumento en la percepción negativa se debe a la influencia de los escándalos de corrupción, porque la gente siente que hay una falta de reacción frente a estos casos, pues mientras en otros países donde la respuesta institucional para combatirlos ha sido efectiva procesando a los peces gordos involucrados en ellos como en el Perú, donde se han procesado y encarcelado ex presidentes, aquí en nuestro país cierra filas el establecimiento para encubrirlos de la mano de la justicia como en el caso de Odebrecht, razón por la cual es apenas lógico que la percepción  sobre corrupción tenga que ir en aumento por la nula credibilidad institucional para combatirla.

De ahí que se recomiende que para avanzar en la lucha contra la corrupción,  hay que acometer varios frentes que en este desventurado país es muy difícil por no decir que imposible que se haga por hacer parte integral del sistema político que genera la corrupción como instrumento de enriquecimiento ilícito: que el Gobierno Nacional  se comprometa decididamente en la lucha contra este cáncer social impulsando cambios estructurales en materia de contratación pública y empleo en el sector público, enfatizando en la prevención y sanción de estos delitos en sectores de alto impacto para la ciudadanía como la educación, la salud y la infraestructura, con una estrategia nacional que debe quedar anclada al Plan Nacional de Desarrollo.

Igualmente, recuperar la legitimidad en el sistema judicial y la realización de una serie de reformas normativas de fondo a la política y la justicia, dando cumplimiento por parte del Presidente de la República y el Congreso a los compromisos que adquirieron como resultado de la consulta anticorrupción.

Lo dicho, quimeras que no se harán realidad porque no puede existir auténtica voluntad de lucha contra la corrupción por parte del régimen que tenemos que es la misma podredumbre de la administración pública que sostiene el sistema político electoral, hontanar de toda la corruptela que se mantendrá vigente como ya se avizora con el fracaso de la reforma política por razones de supervivencia de  la misma clase política  que nos rige, que nos condenará a que en cada medición de Transparencia Internacional empeore la percepción sobre corrupción.