Primero La Caja de Compensación Familiar del Huila y ahora la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, las afectadas con la detención, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de los gerentes y conexos, implicados en utilizar los recursos oficiales para su propio beneficio y la política lugareña.
En uno y otro caso, no se ha concretado la penalización correspondiente dentro del proceso que se sigue en la investigación correspondiente, si se imputaron cargos concretos, que se patentizan en la detención y privatización de la libertad.
En los dos casos, la ostentación, se convirtió en muestrario. En COMFAMILIAR, el festejo en Cartagena, con una pomposa fiesta familiar, en la que a todo costo asistieron todos los miembros del Consejo Directivo y elevado número de invitados especiales, El Director Ejecutivo Armando Ariza exteriorizó su poder económico, alzó al máximo lo que todos los huilenses se preguntaban: De dónde tanto dinero?.
En la ESE Carmen Emilia el Gerente organizó impresionante fiesta para festejar el cumpleaños de su esposa, donde los asistentes libaron cosos licores y delicadas viandas; en Semana Santa viajó al exterior, con toda su familia y, esperaba el festejo de sus propios cumpleaños con otra fiesta de grandes proporciones; festejó con bombos y platillos el día del Periodista a cerca de 15 Comunicadores contratados por la ESE.
EL CASO
La Fiscalía impartió orden de captura, por constreñimiento electoral, concierto para delinquir, indebida participación indebida en política, concusión, contra David Andrés Cangrejo Gerente ESE Edwin Felipe Hernández, concejal partido verde, Germán Alejandro Cabrera, Jefe de Prensa de la Alcaldía de Neiva; Julio César Gutiérrez coordinador de contratos de la ESE; Yesith García Perdomo, guía de atención al usuario de la ESE; Jhon Jairo García García, analista de contratación de la ESE; Juan Carlos Vásquez Vargas, Asistente del Gerente; además de Jorge Luís Caicedo, María Nubia Álvarez, Jorge Olmedo Cartagena y Rosa Omaira Bastidas; también se encuentran comprometidos otros funcionarios y profesionales del Derecho que podrían ser detenidos por la Fiscalía.

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