Por Marcos Silva Martínez.

El modelo económico-político (capitalista), que los centros de poder económico globales dominantes, imponen a los países de menor desarrollo, definen la suerte de muchas generaciones y en muchos casos,  los someten a la dictadura del atraso y la pobreza secular. Muchas naciones padecen ese desastre, entre ellas Colombia.

Los tratados que determinan e imponen el modelo económico que deben desarrollar las naciones sometidas, con la anuencia y beneplácito del órgano legislativo, definen el carácter supraconstitucional. Se cumplen o se cumplen, bajo sanciones severas.

Ese carácter tiránico, lo complementan gobiernos secuaces y vasallos, representantes de las élites gobernantes,  con leyes aprobadas por el Legislativo respectivo, tal como aconteció en Colombia con  la seguridad inversionista, la flexibilización laboral y masivas privatizaciones del gobierno de Uribe y que están dando sus aciagos frutos, expresados en tropel de demandas al estado, por incumplimiento de la seguridad inversionista o de exenciones y deducciones tributaria y evasión que deben  tolerar.

Todo quedó previsto en los tratados del Consenso de Washington, que se ha profundizó.

Y es parte integral de la tiranía ejercida a través del mercado, la sustitución de producción nacional por importación de productos tradicionales agropecuarios, que aceptó e implementó en el gobierno de Gaviria y sucesivos.

Esa macabra decisión de Estado, acabó con la producción tradicional campesina y entronizó importación masiva de alimentos e insumos agropecuarios y se profundizó con el TLC de Santos y se profundizará más con la posición lacaya de Duque ante el sociópata, narcisista, hedonista, xenófobo y ridículo y peligroso ignorante que gobierna a Estados Unidos.

¿Quiénes impusieron el Consenso de Washington y quiénes lo suscribieron y así sometieron la soberanía de sus naciones y futuras generaciones? Los gobiernos.

Ellos son los responsables de la encrucijada socioeconómica que enfrenta Colombia, que utiliza el gobierno para justificar las sistemáticas reformas tributarias.

Son los responsables  del amenazante  endeudamiento público, del déficit, de balanza de pagos y fiscal y des-financiación de la inversión social, entre otros flagelos sociales y del tropel de demandas contra el estado, que suman más del 50% el PIB, más de $500 billones.

El estado colombiano tiene 13 acuerdos de inversión, vigentes con países extranjeros y de ellos, 9 recurrieron a demandas por incumplimiento de seguridad inversionista.

El   Estado enfrenta nueve demandas de multinacionales que plantean incumplimientos en Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Entre otras,  Telefónica y América Móvil lo hicieron por contratos de concesión que tenían cláusulas de reversión de equipos. Esas  multinacionales pretenden que se les aplique, de manera retroactiva, la Ley 422 de 1998 que exime de esa reversión. Estas dos demandas solamente, superan los $4.3 billones.

Y Santos le echó más gasolina al fuego, con la ley 1882/2018, para proteger contratistas corruptos, entre otros Sarmiento Angulo y Odebrecht. Hay muchísimo por escarmenar. La Contraloría General, con apoyo de la Procuraduría, demandó le ley 1882/2018.

Desafortunadamente el pueblo en general desconoce esos intríngulis del Poder. Los gobiernos siempre le hacen creer que es porque los impuestos son muy bajos. Eso es absolutamente falso.

El problema es los compromisos del Poder con el Capital, el desconocimiento del pueblo y por la institucionalidad al servicio de los que poseen el poder económico y político. Es lo que el pueblo debe entender y lo que debe decidir, al elegir gobernantes y sus representantes, en cualquier nivel que sea.