Por Aníbal Charry González.

Según el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), titulado “Así roban a Colombia”,  en este corral  de ladrones de todo pelaje, los más ladrones – lo cual no es ningún descubrimiento por lo que tenemos que ver todos los días-, se encuentran en la clase política, es decir los  saqueadores del presupuesto público, y  para desgracia de las regiones, los campeones son alcaldes y gobernadores. Estas son las cifras: desde que entró en vigencia la  Constitución de 1991 hasta 2017, han sido condenados por corrupción un total de 679 políticos, entre ellos la nadería de 443 alcaldes y 137 gobernadores elegidos popularmente con el sistema político electoral más corrompido del mundo, que hace posible exactamente que lleguen alcaldes y gobernadores,  a eso. A robar para llenarse los  bolsillos y alimentar clientelas, para que a su vez, en un círculo siniestro, el robo sea útil para que en las siguientes elecciones sigan llegando al poder regional los mismos ladrones.

Y como en la canción de Shakira ¿Dónde están los ladrones?  Podemos decir: revolcándose en el patio del vecino y disfrutando del dinero malhabido en esta Arcadia  de la impunidad –que no es precisamente como dice Duque tergiversando las cosas, porque la JEP negó la extradición de Santrich-, sino porque tenemos un sistema político y penal hecho a la medida de los ladrones de la clase política para que asalten la administración pública en total impunidad, causando más daño a la sociedad que cualquier otra clase de delincuentes, porque roban en total libertad invocando la legitimidad del poder que obtuvieron del pueblo, que a sabiendas, producto de ese sistema político electoral vitando, elige a estos ladrones de siempre en las regiones.

Porque no hay que meternos mentiras: al mantenerse ese sistema electoral de financiación de campañas tan conveniente a los ladrones de la clase política -sin posibilidad de cambio, porque cualquier reforma política que pretenda transparencia electoral fracasa-, no nos cabe la menor duda que en las próximas elecciones  -con muy contadas excepciones-, vamos a  elegir a los mismos gobernadores y  alcaldes ladrones, que llegan financiados por carteles de todo orden, que consideran  que no es un gasto el que hacen para contribuir a la elección de estos pillos, sino una genuina inversión para ganar más de lo que invirtieron en un negocio redondo que nadie puede controlar, convertido en el mayor filón de enriquecimiento ilícito, sabedores de la impunidad.

Aquí en el Huila, ya se habla de que los carteles del narcotráfico van a financiar las campañas políticas –lo cual no es nuevo-, sin que nadie pueda impedir que cumplan su finalidad de elegir a los ladrones que se pondrán al servicio de sus financiadores como ocurrirá también en muchas otras regiones del país, porque el ejercicio de la política es una actividad mafiosa donde los elegidos son literalmente comprados para que tengamos como lo ha denunciado la MOE,  alcaldes y gobernadores ladrones, que roban pero hacen como ya es aceptado por sus también venales electores, que son los principales responsables de que tengamos gobernando a estos ladrones