Por Carlos Tobar.

Promovida por la acción del gobierno, se está librando una fuerte discusión sobre la conveniencia o no de la utilización del método del fracking para explotar los recursos petroleros del país. El uso de esa técnica, conocida como un método no convencional es fuertemente cuestionada por expertos, especialmente por defensores del medio ambiente.

Los críticos de esta técnica, arguyen que es de carácter invasivo, como quiera que se realiza con perforaciones a grandes profundidades, no solo vertical, sino horizontalmente, a través de las cuales se inyectan millones de litros de agua mezclados con arena y cerca de 500 aditivos químicos, muchos de ellos de gran toxicidad, a grandes presiones para explotar los mantos de lutitas que contienen el gas y el petróleo a fin de liberarlos para ser extraídos. El riesgo estriba en que no solo fractura esas zonas potenciales de contenidos hidrocarburíferos, sino que, por la sismicidad que la acompaña, rompe también las zonas circundantes, muchas de las cuales contienen almacenamientos de aguas subterráneas que se perderían por la contaminación de los fluidos inyectados. Siendo las aguas subterráneas y los suelos circundantes, una riqueza incalculable y vital para la supervivencia de los seres vivos en el futuro inmediato y de largo plazo, el riesgo del uso de esa técnica sin las previsiones ciertas de no afectación, tienen a sectores científicos y ciudadanos con los pelos de punta.

El uso del fracking fue tema importante y obligado en la campaña electoral presidencial reciente. El candidato Duque, en su momento, fue categórico en afirmar que a su juicio no debería usarse por los riesgos ambientales que entrañaba. No obstante, el gobierno Duque –y el gobierno es otra cosa–, apelando al mecanismo de una Comisión de Expertos, convocada por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, matizó ese compromiso, abriendo la posibilidad de su uso con explotaciones experimentales, bajo condiciones especiales. Cuáles, nadie sabe. Pero ha decidido, conjuntamente con las empresas petroleras interesadas, incluyendo la estatal Ecopetrol, iniciar tal aventura.

Ante las demandas de grupos de ambientalistas ante el Consejo de Estado, que exigen la aplicación del principio de precaución establecido en la legislación colombiana, este organismo ha ordenado la conformación de un grupo investigativo diferente al del Ministerio de Minas, pidiendo a la Universidad Nacional que realice esa tarea. El objetivo es confrontar los resultados de las dos comisiones, para en audiencia pública, donde participe el gobierno, los científicos y la sociedad civil, se defina la viabilidad efectiva del uso de esa técnica.

Lo que está en juego es demasiado importante y valioso para el país. Para tratar de imponerlo el gobierno y las empresas petroleras están apelando a la mentira: que las reservas de petróleo y gas se van a acabar a la vuelta de 5 o 6 años, que el precio que tendremos que pagar por los combustibles será de 3 a 5 veces mayor, etc., cuando la verdad es que las reservas conocidas y por extraer alcanzan para más de 30 años. Tamaña mentira debe llamar la atención de los colombianos para parar la ambición de ganancia desmedida del gran capital trasnacional que en Colombia no paga impuestos: solo recibimos, con los descuentos tributarios y las bajas tasas de regalías el 4.5% del precio final por barril de petróleo