Por Carlos Tobar
La noticia de que Fabricato –una de las históricas empresas manufactureras del país–, suspenderá producción entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre ha puesto en alerta, no solo al sector textil sino a toda la industria nacional. Las directivas de la empresa han señalado que tal medida se toma debido a las condiciones negativas de la economía nacional: supresión adicional de aranceles de importación, importación de textiles y confecciones a precios irrisorios con abierta subfacturación, aumento de impuestos a las empresas y el consumo, etc. La situación se da, no obstante que la empresa en los 2 últimos años, ha estado sometida a un fuerte programa de ajuste interno de costos con reducción mano de obra, automatización de procesos productivos, administración eficiente que fue liderado por el exministro Alberto Carrasquilla, uno de los defensores a ultranza de las políticas neoliberales.
Lo que está en juego es no solo el capital invertido sino el trabajo de 2.400 operarios y sus familias. Según datos de dirigentes de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines, este año se han perdido 80.000 empleos en este sector y están en riesgo un millón ochocientos mil empleos más, de seguir la aplicación de políticas que favorecen no solo la importación legal de producción china, subfacturada, o ilegal a través del contrabando atado al lavado de activos de dineros del narcotráfico. Los casos que se presentan son tan absurdos como el de prendas que entran a 90 centavos de dólar, lo que no vale ni la tela, o para evadir impuestos con facturaciones de prendas que pesan 2 o 3 gramos, que no pesan ni los botones. Estos hechos se presentan en la cara de una administración de impuestos que es muy eficiente para “sacarle hasta la lengua” a los contribuyentes colombianos, pero que “se hace la de la vista gorda” ante los poderosos capitales del comercio mundial o de las actividades ilícitas.
La industria, uno de los sectores más afectados por la “apertura económica” iniciada en la década de los años 90 del siglo pasado, ha estado presentando recaídas cíclicas a lo largo de este período hasta hoy. Primero, fue a finales de esa misma década inicial, luego recayó con la crisis financiera mundial del 2008 y ahora, cuando la agudización de las condiciones adversas para su supervivencia, ha obligado a que empresas como Fabricato se sometan a las leyes de reestructuración de pasivos o leyes de quiebras. Las causas son múltiples, desde los “costos país”: costo excesivo del crédito, de los insumos de producción, del transporte interno de mercancías, de la energía y los servicios públicos en general, de impuestos…, sino la interferencia perversa del comercio internacional desventajoso de los tratados de libre comercio y del contrabando.
Lo que está en juego es el trabajo nacional, el bien más importante para cualquier nación que se precie de ser autónoma, independiente y soberana. El desarrollo económico se fundamenta en el trabajo. Si hay trabajo suficiente, con una remuneración adecuada, para todos los ciudadanos en edad de trabajar, la dinámica económica de un país está garantizada. Desafortunadamente, no es el caso del país. A lo largo de nuestra historia –sobre todo en los últimos 30 años, hemos construido una economía más pensando en los intereses del gran capital, especialmente trasnacional, que en el desarrollo del capital nacional y del trabajo de connacionales. Esta es la verdadera causa de nuestras desgracias. Ojalá, algún día lo comprendamos.


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