Por Andrés Hijos
Tomado de El Espectador

Algunos juristas prestigiosos, digamos mi admirado Jaime Castro, se han quemado tanto las pestañas leyendo letra menuda que tal vez por eso olvidan lo básico: que el derecho lleva décadas sin funcionar en Colombia.

Son como taxonomistas que examinan hasta el último detalle de la vida de un árbol sin percatarse de que el bosque ha sido talado a su alrededor. La justicia transicional que propone el Acuerdo Final a lo mejor no se vea bien a la luz de ese árbol solitario, pero es esencial para restaurar el bosque.

Jaime y otros como él hablan ufanos del Estado de derecho sin considerar que en amplias zonas del país y desde hace medio siglo impera una normativa más primitiva: la ley de la selva. Allí el aparato judicial no ha sido, como un todo, expresión de salud de la sociedad, sino síntoma grave de su enfermedad.

¿Cuántas extorsiones, boleteos, masacres y secuestros en esas zonas han terminado en un fallo claro? ¿El 2%, como sugería un tuitero? Eso no puede llamarse justicia.

La principal causa para la ausencia de justicia en estos lugares —no la única— ha sido la presencia de grupos armados, en particular de las Farc. Por cuenta de ellos la impunidad se acumuló y el castigo se volvió imposible. Aunque muchos cabecillas están condenados —otros fueron dados de baja—, la mayoría no está en la cárcel porque no ha sido posible llevarlos allí. Ah, y siguen armados.

Solo desarmando a las Farc (luego al Eln) es posible restaurar la justicia, es decir, que exista en el futuro. La represión militar quizá pueda considerarse una forma de justicia en determinadas circunstancias, con la aclaración de que es la más primitiva de todas. Quienes piensan que se trata de una función permanente son unos bárbaros. En Colombia la confrontación fue una etapa necesaria. La idea era mostrarles a las Farc que hacia adelante solo les esperaba la derrota o la muerte, para que aceptaran, como acaban de hacerlo, dejar las armas por vía de la negociación. Ahora hay que terminar el proceso.

Puede que los mamotretos no lo digan en tantas palabras, pero si un sistema judicial deja de cumplir su función y acumula millones de “noticias criminales” no resueltas, tiene que hacer un reset, llamado en este caso justicia transicional. Los amigos del No hablan de que habrá impunidad en la justicia transicional —y sí, implica una dosis considerable—, pero se abstienen de compararla con la colosal que ya arrastra el sistema. La mejor manera de formularlo es decir que tras 50 años, la justicia transicional no solo no implica impunidad, sino que es la vía más expedita para acabar con ella. Que transitoriamente se perdonen unos crímenes y que por otros se pague un castigo menor es un precio razonable a pagar para que el Estado recupere los monopolios que nunca debió perder. La justicia transicional nos lleva del pasado al futuro. En el futuro imperará otra vez la justicia ordinaria.

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Este último punto es central. El Acuerdo Final dice en forma explícita que sus providencias solo aplican a eventos ocurridos antes de su firma, así que quienes hablan de un cambio de jurisprudencia permanente lo hacen de mala fe. Si mañana un frente díscolo de las Farc decide volver a las andadas, nada de lo acordado lo cobija. Por lo demás, ¿cuál era la alternativa viable y realista que ofrecían nuestros preocupados juristas/taxonomistas para la mesa de negociación? Nunca lo dijeron con claridad. Eso sí, se desgañitaron criticando.