Por Aníbal Charry González.

A raíz del suicidio del ex presidente peruano Alan García, investigado por la justicia de su país por la escalofriante corrupción de las cumbres del poder político, se generó una masiva solidaridad de cuerpo de los demás políticos del continente de los países involucrados en escándalos de corrupción por los sobornos de la multinacional Odebrecht, entre ellos Colombia, achacándole la muerte de García a la justicia que lo investigaba por judicializar la política, como lo dijo compungido el cínico emblema de la corrupción impune Ernesto Samper Pizano, sugiriendo que no es precisamente por la corrupción que se ha enseñoreado en toda América Latina  que se ha tenido que procesar a no pocos ex presidentes, sino porque los jueces están empeñados en judicializar, politizados  en su labor, a los límpidos gobernantes que trafican con el poder para enriquecerse ilícitamente.

 Por eso muchos se han atrevido a sostener que no es prudente que los jueces ordinarios juzguen a los ex presidentes como en el Perú, sino que es mejor que haya un juez de aforados constitucionales como en este paraíso de la corrupción y la impunidad, donde hemos tenido miríadas de presidentes corruptos y criminales, y sin embargo jamás se ha procesado ni enviado a la cárcel  a ninguno, porque de adoptarse el sistema de justicia peruano, sin duda todos los ex presidentes colombianos estarían en la cárcel generándose una crisis institucional, de tal manera que es mucho mejor seguir como estamos, para así continuar en la más pavorosa impunidad para los aforados, como estoy seguro seguiremos por el pacto de complicidad y encubrimiento de la clase política para sus fechorías.

Y eso es precisamente lo que distingue a la justicia peruana de la nuestra para beneficio de su sociedad  en la lucha contra la corrupción del poder político. Mientras en el hermano país hay voluntad política para procesar y encarcelar a los presidentes y ex presidentes corruptos, aquí la justicia es totalmente eunuca y contaminada para hacerlo, al punto que se dedica  es a encubrir y a desviar las investigaciones como en el caso de Odebrecht, donde no se le toca un pelo a ninguno de estos cacaos políticos, porque eso garantiza la estabilidad de las instituciones en medio de la impunidad.

 De ahí que siento sana envidia por lo que sucede con la justicia peruana que ha tenido el coraje de judicializar y encarcelar a varios  ex presidentes no porque sean políticos, sino por BANDIDOS -así con mayúsculas-, que no pueden quedar cobijados por el manto de la impunidad como sucede aquí, por lo que el suicidio de Alan García no se le puede achacar a la justicia del Perú, pues su muerte no fue un acto de dignidad -como se sostiene ahora para tratar de reivindicarlo póstumamente-, sino simple y llanamente porque temió enfrentar a la justicia por lo que se le venía pierna arriba por una orden de detención preliminar en su contra de 36 meses  por corrupción. Allá a los políticos corruptos y criminales: o los encarcelan o se suicidan. Aquí eso no lo veremos jamás.