Por Carlos Tobar
La enhiesta y valerosa batalla de los educadores colombianos, aglutinados en su sindicato (FECODE), por la transformación de la educación, empezando por las condiciones salario prestacionales de los maestros, está recibiendo la arremetida furiosa de los más conspicuos exponentes del neoliberalismo criollo. Una muestra de ello, es el artículo-‘denuncia’ del periódico El Tiempo, que sindicaba a FECODE de ser una organización politizada de tendencia izquierdista, como si eso fuese un delito. Con razón, el senador Robledo –a propósito de ese escrito–, señalaba que la composición de la dirección de las organizaciones gremiales, llámense sindicatos o asociaciones, debían reflejar las distintas posiciones de sus afiliados, así como, las afinidades políticas pertinentes. Tal como debía suceder en la Andi, o la Sac, o cualquier otra organización patronal, sin que eso diera lugar a su estigmatización. Sin embargo, la perversa intencionalidad del artículo, era precisamente “macartizar”, señalar la tendencia peligrosa de FECODE, no obstante que este sindicato ejerce su actividad dando cumplimiento a las leyes colombianas.
Pero tal vez el súmmum de la verborragia neoliberal contra FECODE, es la columna de prensa de Armando Montenegro, en el periódico El Espectador. Con sindicaciones de componendas entre el gobierno y el sindicato, que –según Montenegro– está pasando cuenta de cobro por el apoyo a la reelección presidencial y, afirmaciones como “Hay objetivos de ese sindicato, como eliminar las evaluaciones de su rendimiento, imponer débiles condiciones de ingreso o hacer que los reglamentos laborales sean menos estrictos, que van en contra de los intereses de la calidad de la educación pública”, pretende evadir la discusión de fondo sobre la política educativa oficial. Sin presupuesto suficiente, para salarios justos, formación y capacitación de maestros, aulas suficientes y adecuadas, material educativo, práctica social, investigación, etc., y sin una política pública de educación universal, científica y al servicio del progreso de la nación colombiana, que es lo que nos ha negado la política educativa oficial, no habrá futuro promisorio. Lo que Montenegro quiere ocultar, es que la precariedad presupuestal, la pobreza en que se ha debatido el sector de la educación pública, es herencia de su gestión gubernamental como director del Departamento Nacional de Planeación, en la época de la apertura gavirista; donde, precisamente, empezó la debacle educativa.
Contrasta esa posición de los neoliberales criollos, con la vigorosa y firme declaración de apoyo a los maestros expresada por el neurofisiólogo colombiano, Rodolfo Llinás, quien no solo resalta la necesidad de incrementar sustancialmente el presupuesto de educación en el país, sino que afirma, categóricamente, que “…la metodología para enseñar está poco desarrollada y los maestros son personas que no son tan respetadas como deberían ser.” A propósito de uno de los puntos de diferencia entre el magisterio y el gobierno: la evaluación. Sin desarrollar esa metodología, y sin transferirla, metódicamente, a los maestros para su aplicación en la educación pública, no se puede plantear un mecanismo válido y cierto de evaluación, que no sea el de carácter punitivo, que gobiernos sucesivos, han implantado para negar los derechos de los maestros colombianos.
La grosería neoliberal no podrá impedir el cambio de rumbo de la educación, que será producto de la lucha incansable de maestros, estudiantes y padres de familia.
