Por Aníbal Charry González

Esta es la verdad, que tengo que contar, porque los intereses públicos no pueden condicionarse a supuestas lealtades personales. Encontrándose el alcalde electo Rodrigo Lara Sánchez fuera del país, se expidió un boletín elaborado por su equipo jurídico que no se me consultó, cuando se suponía que yo hacía parte del mismo, autorizado por él y Diego Muñoz, que generó una polémica entre  la administración entrante y saliente de la ciudad, por una conciliación judicial en el escabroso caso de MERCANEIVA.

Dicho aviso, con dislates jurídicos inexcusables como los de afirmar que la administración de Pedro Suárez  iba a realizar una conciliación extrajudicial a las volandas -que era una misión imposible por tratarse de una entidad pública-, como lo respaldó  con incultura juris e impostado aire profesoral el abogado Hugo Tovar Marroquín; y por lo tanto se pedía al Concejo de Neiva que no le entregara los instrumentos  legales y económicos que necesitaba para afrontar dicha conciliación judicial.

Pues bien: el verdadero trasfondo de esa cerril octavilla, es el siguiente: el anodino pero manipulador concejal y ahora diputado de la Alianza Verde, Oscar Urueña, secundado por el chaquetero y calculador  Chucho Vega, y el que va a ser secretario de Gobierno, el lego jurídico Alfredo Vargas Ortiz, todos abogados y conscientes por ello de la responsabilidad disciplinaria de obstruir sin fundamento  una conciliación -que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que ha privilegiado nuestro sistema de justicia-, convencieron “absolutamente” al alcalde Lara, de que la conciliación que iba a hacer   Suárez era un torcido para favorecer intereses particulares y defraudar  a Neiva.

Como la conciliación se va a realizar, sea que la haga Suárez, o Lara el año entrante, como ciudadano, en protección de los intereses públicos y de la indemnidad del alcalde electo que no es abogado, les exijo, so pena de incurrir en omisión de denuncia, que pongan en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía el presunto hecho delictivo, para que antes de que se resuelva sobre ella se examine el asunto y se investiguen los hechos, porque no hay derecho a que con prejuicio y con fines de  protagonismo politiquero se juegue con los recursos públicos.

Porque solo existen 2 alternativas para el alcalde Lara si le toca asistir a la audiencia: o concilia, o  permite que la Superintendencia dicte su fallo de única instancia con alta probabilidad de que sea condenatorio  para el municipio en cuantía muy superior  a la propuesta de conciliación, cuya responsabilidad en cualquier caso tendrá que asumir -que era lo que quería evitar-, gracias a la perfidia  de una camarilla política encabezada por Urueña, que irresponsablemente  lo lanzaron con los ojos abiertos a ese abismo apenas comenzando su gobierno en un tema que le iban a entregar resuelto. Como verá el alcalde Lara, y tengo el deber de advertirlo, -porque ese fue mi compromiso como su jefe de campaña frente a 74.000 neivanos-, por su bien y el de Neiva, los manipuladores son otros.