Por Aníbal Charry González.

Si un genocidio como delito internacional consiste en la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, no hay la menor duda que la matanza en  serie  de líderes políticos y sociales no puede denominarse de otra manera en este país donde se han cometido y se siguen cometiendo esta clase de atrocidades de vieja data, – como que se exterminó sin antecedentes en el mundo a sangre y fuego a todo un partido político -, no obstante que el mismo Estado se ha encargado de sostener tozudamente que no hay sistematicidad evadiendo  su responsabilidad, porque  en muchos de esos crímenes han participado las mismas fuerzas de seguridad, como lo acaba de confirmar la Corte Suprema de Justicia, al declarar crimen de lesa humanidad la horrenda masacre de El Salado.

Y es que parece de manera aterradora, que aquí muy poco importa esta mortandad que la más de las veces ha quedado en total impunidad al ser considerados por el régimen  como “buenos muertos” al vincular cualquier protesta  social o política con la subversión y enemiga de la unidad y la reconciliación que pregona quien llega a presidirlo como ahora se hace por los áulicos del uribismo, que ya han denominado la resistencia civil contra la criminalidad y las intenciones de acabar con el proceso de paz como oposición de jauría -que fue la que sí hicieron acudiendo además a la marrullería politiquera para seguir incendiando este país con odio y violencia-, atribuyéndole sectariamente los muertos a las disidencias de las FARC, al ELN y a las bandas criminales, cuando otra cosa nos dice nuestra siniestra historia política.

Por eso, frente a la secular impunidad genocida que ha existido en Colombia patrocinada por el mismo Estado, como que desde  el primero de enero de 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz al 30 de junio de este año, han sido asesinados 311 líderes sociales según la Defensoría del Pueblo, no queda más alternativa que acudir a la Corte Penal Internacional como se lo ha propuesto el ex candidato Gustavo Petro al presidente electo Iván Duque para que verdaderamente se actúe en contra de los autores directos e intelectuales de los asesinatos sistemáticos con fundamento en el artículo 5° del Estatuto de Roma, si es que existe real voluntad de que se le ponga fin a la matanza  de líderes políticos y sociales, pues se ha demostrado hasta la saciedad que en Colombia se mantendrá por conveniencia del establecimiento la espantosa impunidad para esta clase de crímenes de lesa humanidad.

Porque el pueblo colombiano está hastiado y de ahí la indignación ciudadana por el genocidio  con el velatón nacional e internacional que hay que mantener, de las consabidas condenas de dientes para afuera de todos los presidentes y del régimen  ante estos crímenes sin que se vean auténticas medidas por parte del Estado para que cese la mortandad de líderes sociales y políticos, demostrativo de que están dadas todas las condiciones para que sin más dilaciones actúe la justicia internacional ante la histórica y vergonzosa impunidad.