Por Aníbal Charry González

Según la Auditoría General de la Nación, los gobernantes salientes de las regiones tuvieron un presupuesto general de 120 billones de pesos en el 2015, con un nivel promedio de ejecución del 60% y un incremento considerable de la contratación directa o a dedo politiquero como es costumbre nacional para el enriquecimiento ilícito, aumentándose de contera los asaltos al erario en detrimento de las obras públicas. Mejor dicho, el balance siniestro que nosm dejan nuestros filibusteros gobernantes territoriales, es el mismo de siempre y sin remedio: muy poca ejecución y máxima corrupción. En suma, llevados del putas por la peor plaga de todos los tiempos que sume en el atraso y la miseria nuestras regiones mientras se enriquecen  sus despreciables gobernantes y la mafia de contratistas que los ronda.

Y la corrupción seguirá en aumento con los nuevos mandatarios con muy contadas excepciones porque ese es el régimen que nos rige que sostiene nuestro perverso sistema político. De nada sirven los organismos de control para impedir el saqueo de los recursos públicos, limitándose a comunicarnos cada cuatro años los enormes robos, sin mayores posibilidades de recuperación, que apenas alcanzan sumas ínfimas en medio de la jarana de la legión de ladrones de cuello blanco que saben que robar al Estado es un crimen que se paga muy barato. La contratación directa que es el mayor foco corruptor se disparó en el 2014 y el 2015, según el auditor general Felipe Córdoba, exactamente antes de la aplicación de la famosa Ley de Garantías que es precisamente para robar, so capa de garantizar la transparencia electoral.

Toda clase de marrullas se inventan para hacerle trampa impunemente a la ley de contratación, como que se crean empresas mixtas para  para ejecutar recursos públicos, y ahora los sindicatos,  que según la Auditoría General han celebrado 2843 contratos por 743.000 millones de pesos, no obstante que existen normas que prohíben que se dediquen a actividades distintas a su propia misión, lo cual es lo de menos en este país, donde se sabe que hechas las leyes hechas las trampas para favorecer la corrupción al punto de que no habrá ninguna norma que impida el asalto al presupuesto público, pues así venga legislada desde las alturas celestiales y rubricada por la Santísima Trinidad, los encargados de aplicarlas la pervierten para robar por cuenta de un sistema hecho a la medida del incremento de la plaga corruptora.

Y es que el dedazo corruptor ha dicho el auditor,  se presenta  en todos los sectores de la actividad pública con tendencia al alza incluidos la salud y la educación, que nos comunica que el balance dentro de cuatro años será peor para las regiones, mientras no cambiemos los políticos que tenemos que saben que expidiendo más leyes se eterniza la corruptela del Estado.

Escolio. Acierta el alcalde Lara al designar en propiedad al abogado César Julián Salas para la Secretaría de Movilidad, conocedor como pocos del tema para ver si es posible ordenar el caótico y violento tránsito de nuestra ciudad.