Por Aníbal Charry González.

Delinquiendo claro, por cuenta de la “política criminal y penitenciaria” de un Estado irresponsable y carente de sensibilidad con nuestra sociedad, que ha resuelto proteger a ultranza a los victimarios que no son encarcelados por sus fechorías así sean reincidentes 70 veces como se ha sabido de un ladrón impenitente, que sigue robando con todo y brazalete, sabedor de que la justicia de chiste que tenemos no lo va a encarcelar, pues su política es no privar de la libertad a nadie para no congestionar más las ya congestionadas cárceles que no dan abasto para albergar las legiones de criminales que han convertido a nuestro país en la Meca de la impunidad, y que ha llevado como ya lo estamos viendo, a que la ciudadanía desesperada esté  aplicando justicia por propia mano.

Y es que el panorama criminal y de impunidad no puede ser más aterrador. En el 2016 la Policía capturó 208.000 delincuentes en flagrancia, léase bien: en flagrancia, es decir, con las manos en la masa; no obstante nuestra indulgente justicia solo envió menos de 10.000 a la cárcel y a otros 3000 les concedieron detención domiciliaria (revista Semana edición 1815); el resto siguió delinquiendo a sus anchas, burlándose por supuesto de la Policía y de un sistema de justicia hecho a la medida del crimen y a costa del padecimiento de la sociedad. Lo dicho, estamos en manos de la soberanía delincuencial en las calles, al punto de que nos tocará autocondenarnos a todos a detención domiciliaria para no “dar papaya”  y librarnos del acoso criminal.

Y como no hay cosa que no pueda empeorar en este país macondiano en materia de crimen y corrupción, donde aplicamos leyes penales de Dinamarca para Cundinamarca; para resolver el hacinamiento carcelario que debía resolverse construyendo más cárceles por supuesto, el anodino ministro de Justicia saliente Jorge Eduardo Londoño dejó radicado un proyecto de ley -con soluciones a la colombiana-, que contiene un artículo que parece redactado por la delincuencia, que establece que si una persona es capturada y llevada a audiencia sin importar la gravedad del crimen, si el juez considera que no va a tener cupo en una cárcel con condiciones de dignidad -ya sabemos que no hay ni una por el espantoso hacinamiento-, quedaría inmediatamente en libertad, lo cual con plena razón generó la protesta del Fiscal General para que se retirara el monumento a la impunidad.

Lo que está reclamando a gritos la inerme ciudadanía es una verdadera política que consulte nuestra idiosincrasia criminal provocando un sismo en el sistema judicial –rey de burlas de los criminales- para que no sigamos importando sistemas penales que se estrellan contra nuestra feroz realidad delincuencial, a ver si es posible que no se tenga que encarcelar en sus propias casas para librarse de tanto delincuente en libertad por cuenta de la incuria de un Estado que solo atina a aumentar penas que no se van a cumplir, sabedores de que aquí el derecho penal no cumple con la función de proteger a los asociados de la criminalidad.