Por Marcos Silva Martínez.

Nunca será excesivo repetir, que la corrupción ejecutada y/o tolerada desde las altas esferas del poder institucional (coadyuvada por todo tipo de prácticas criminales), es más dañina que el accionar de organizaciones guerrilleras y criminales delincuenciales juntas.

Y debemos ser conscientes de que, esas organizaciones existen y son consecuencia de la irresponsabilidad, debilidad y concupiscencia institucional y del poder legal instituido. Este ha sido siempre incapaz de gobernar para alcanzar niveles aceptables de desarrollo económico y social y evitar la anarquía y el caos en el ejercicio del poder.

Colombia afronta y padece una real hecatombe ética y moral. La institucionalidad colapsó ante el embate de organizaciones criminales enquistadas y/o que cooptaron altas esferas del poder, para poner a la institucionalidad al servicio de perversos y criminales intereses particulares.

El Poder Judicial, que debe ser el garante inequívoco, del cumplimiento del ordenamiento legal, está infestado de funcionarios venales y corruptos, que hacen de la interpretación y aplicación sesgada de la ley, un negocio como lo evidencia la existencia del Cartel de la Toga y sus ramificaciones en diversas instancias de las ramas del poder público. Como se perciben los hechos, es posible que cualquier decisión judicial, pueda ser objeto de transacción económica, entre la institución y el delincuente acusado.

Organizaciones no gubernamentales y algunos Órganos de Control, señalan cifras billonarias robadas del presupuesto público, cada año. Las investigaciones comprueban algunas, sin recuperación del botín. Pero pareciera que el poder institucional, no entendiera la gravedad del crimen, ni pudiera articular procedimientos, para derrotar el flagelo.

La corrupción y la descomposición moral y ética del poder, han alcanzado dinámicas demoledoras, que parecen incontenibles, por el colapso de los partidos políticos y la descomposición moral generalizada.

Los partidos dejaron de ser organizaciones guiadas por principios ideológicos y se convirtieron en empresas dedicadas a cosechar votos, para asegurar el ejercicio del poder político que les garantice el dominio y protección del poder económico, el usufructo del poder institucional y con él, el del presupuesto público.

Prueba de ello es el festín electoral. No importan antecedentes evidentes del candidato. Importa el billete a disposición y el aseguramiento del Poder. No importa el ciudadano, ni la nación. Los hechos probados lo verifican. Los resultados son exponencialmente nefastos para las mayorías, empobrecidas y excluidas, como ridículas e inocuas las acciones correctivas, desde poder.

¿La institucionalidad y el poder al servicio de delincuentes?

Pues es lo que se puede concluir de los resultados de investigaciones que realizan, Fiscalía, Cote, Tribunales y Juzgados, sobre presuntos asaltos camuflados de legalidad y malversación de recursos público, en diversas contrataciones, como en REFICAR, Ruta del Sol II, NAVELENA, concesiones 4G, Túnel Tunjuelo-Canoas, Avenida 26, Aeropuertos, COMFAMILIAR del Huila y MEDILACER, SaludCoop, CAFESALUD, Estadios, alimentación escolar PAE, Dirección Nacional de Estupefacientes , Zar de la Chatarrización, Ordenamientos Territoriales, y tantos otros hechos criminales, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que hace años fueron develados, pero la precariedad institucional, la venalidad y corrupción ha torpedeado las investigaciones y evitado resultados, que en derecho, debían lograr.

Además, esos presuntos delincuentes, han gozado de la impunidad social, al convertirlos a los responsables en personajes admirados, mientras robaban recursos públicos, que legítimamente le corresponden a miles de ciudadanos necesitados y excluidos.

El elector debe entender las causas y los efectos del desgobierno y su inmoralidad. Los Poderes Institucionales evitan toda posibilidad de corregirse y mejorar. Debido a esa posición y actitud, los

proyectos de ley, que pretenden alguna corrección o rectificación, no son aprobados. Reforma a la Rama Judicial, Reforma Política, Ley Ordinaria de Salud, Reforma Electoral, Tribunal de Aforados, leyes sobre acuerdos de paz, Ley de Contratación Pública efectiva contra la corrupción, entre tantas otras manifestaciones de rechazo de acciones correctivas, del ordenamiento legal.

El saqueo de lo público, debe ser restituido. Los criminales, cerebros y auspiciadores y partícipes del saqueo, deben ser excluidos de todo lo oficial y del ejercicio profesional. Contratistas, jueces litigantes, asesores, etc.

La solución de la problemática nacional colombiana, no se resuelve con paños de agua tibia. Se requieren decisiones integrales y fondo. Las decisiones para derrotar el flagelo, deben demostrar, al delincuente y al ciudadano en general, que el delito se castiga y produce consecuencias para el futuro del autor.

La comunidad nacional, debe entender plenamente, que en las próximas elecciones se dirime el futuro de la nación. Entre los objetivos de los próximos elegidos, debe estar la derrota de la delincuencia organizada y de la disfrazada de burócratas impolutos. Y que la derrota de la delincuencia, exige instituciones fuertes y funcionarios responsables y capaces desde el punto de vista de sus conocimientos. Y además, que la derrota de la delincuencia en general, demanda desarrollo socioeconómico efectivo y equitativo de todos los sectores económicos.

Es el desafío que debe asumir todo candidato honesto y el elector cuando decida por quién votar.

Si volvemos a votar por los mismos, la caótica situación nacional empeorará.