Por Marcos Silva Martínez.

Se avecina otra enésima elección de Jefe de gobierno y representantes del pueblo en el Congreso.

La historia colombiana registra más de doscientos años en la repetición de la degradante y perversa comedia de equivocaciones. La realidad socioeconómica, política y de atraso general nacional, lo confirman.  

Todo candidato, sin ruborizarse, ofrece solución a todos los problemas socioeconómicos de los electores. Pero como gobernante demuestra incapacidad, mediocridad e irresponsabilidad total para cumplir sus promesas, salvo poquísimas excepciones.  Es el infortunio de Colombia.  Cada gobernante resulta peor que el anterior. Los resultados lo demuestran.

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Esta realidad deplorable, construyó un estado de consciencia social colectiva a tal nivel de desesperanza e indiferencia, que el pueblo ya no se preocupa por la mediocridad e irresponsabilidad política y social de sus gobernantes. Esta la explicación de que repite el error al volver a votar por quien no debe votar. 

Y por ello es corriente escuchar: “eso es del gobierno” o “que roben pero que hagan algo”, no importa. Pero es un monumental error. Y por eso estamos como estamos, convertidos en rehenes de mafias de todo género.  Las inversiones, gastos y corrupción   del desgobierno, se financian con impuestos, que pagan todos los ciudadanos.

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El gobernante, generalmente carece de interés y responsabilidad para lograr resultados positivos en su gobierno. Generalmente se interesa es con quién contrata el presupuesto de inversión. Es la causa de que la contratación pública, de obras y servicios se convirtió en la vena rota del presupuesto. Ocurre en Neiva, el Departamento, y en toda la nación.  

En el Huila, hay casos a porrillo. El antisocial proyecto El Quimbo: Uribe y sus secuaces lo impusieron, sin importarles los legítimos derechos del Departamento y de sus ciudadanos.

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Riego Paicol-Tesalia: lo impusieron sin análisis responsable de factibilidad ni del debido rigor técnico de los estudios y diseños.  Y otra vez, el mismo siniestro mesías y sus secuaces, embarcaron al departamento en crédito de $40.000 millones, que entregaron al mesías, para que decidiera su adjudicación, a sus amigotes delincuentes Nules, a través de un consorcio. Por capital e intereses, el departamento pagó más de $60.000 millones. El proyecto es un monumento al despilfarro y la corrupción y a nadie le importa, aunque la obra no la terminen nunca.  ¿Qué han hecho al respecto los congresistas del Huila? Debería responder Andrade.

Neiva, gastó más de $20.000 millones en la construcción del Tizón, sin ser obra prioritaria y a nadie le importó, mientras las vías urbanas nunca han sido prioritarias, para ningún alcalde. Nunca han sido objeto de mantenimiento. Solo tapar huecos.

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La supuesta optimización del acueducto, el mismo gobernante la impuso, ante la advertencia cierta que los estudios y diseños eran insostenibles, técnica y económicamente. Incluido el monumento del monstruoso Reservorio.  Los resultados están a la vista. El racionamiento sistemático de agua crece en todo Neiva.   

Actualmente, sin soporte técnico-económico ni ambiental justificables y contra los intereses socioeconómicos reales de la comunidad presente y futura, las últimas cuatro Administraciones Municipales permitieron y permite y tolera el despilfarro de los recursos públicos, en estudios y diseños, a través del novelón del sistema de tratamiento de aguas residuales, durante más de 10 años y aún no hay estudios y diseños válidos para la construcción de la PTAR.

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Quieren imponer un sistema de tratamiento de aguas residuales, que solo encuentra explicación en la irresponsabilidad administrativa del municipio, el departamento, los gremios y los “dirigentes” políticos.  ¿Qué dicen al respecto los congresistas y la politiquería del Huila?

¿Quién responde? ¿La impunidad administrativa institucional? ¿La irresponsabilidad y mediocridad, jurídica, fiscal y? ¿El pueblo está obligado a soportar la irresponsabilidad e inmoralidad administrativa institucional, siempre?

La Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Personería y Concejo, no articulan acciones, como siempre. Deberían escudriñar el contrato de estudios y diseños. El soporte técnico-ambiental de la localización. La justificación de los diseños, los costos, sustentabilidad de presupuestos, volúmenes de obra y cumplimiento de la ley, del proyecto en general.

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Tratar de imponer la insostenibilidad de ese proyecto es prueba de contumacia y perversidad de la actual administración y las tres anteriores.

Diseño y selección del proyecto de tratamiento de aguas, exige responsabilidad de funcionarios y diseñadores, por costos, análisis de alternativas, para seleccionar el más conveniente a los usuarios. La Administración debe exigirle al consultor el cálculo soportado, del costo de tratamiento por metro cúbico para que el pueblo sepa a qué atenerse.  

Los usuarios tienen que pagar el mantenimiento y operación del sistema, por ordenamiento de ley.

A nivel nacional, ocurre lo mismo.  Consuman hechos de mucha desfachatez e irresponsabilidad política social y moral.

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En los últimos meses, la Contraloría General de la República, sorprendentemente ha develado un cúmulo de casos y hechos. Pero aún no se ha pronunciado sobre el festín de las concesiones viales. Mediante esa figura, el estado entregó (privatizó) los principales corredores viales nacionales a ávidos contratistas, para que dispongan de lo que les provoque en términos de costos y calidad. La enumeración de hechos, constitutivos de entrega de poder y soberanía a particulares son muy numerosos y aberrantes. En las dos últimas décadas, intensificaron la entrega de lo público a particulares. Durante los gobiernos del siniestro Uribe, más de 500 empresas del estado fueron privatizadas, fusionadas o liquidadas, siempre a favor de lo privado, entre otros, el Instituto de los Seguros Sociales.      

Los pésimos gobiernos son los responsables, desde hace más de doscientos años, del desastre nacional.

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¿Y cómo responden los gobernantes al dejar el cargo? Cero responsabilidades.

¿Y qué dicen y hacen los congresistas? Aprobar, tolerar, callar o participar.  

¿Y qué plantean, al respecto, los candidatos a concejales, alcalde, diputados, congresistas, gobernadores y los mismos electores y ciudadanos?

Si logramos responder responsablemente las anteriores preguntas, podremos encontrar la manera de no malbaratar el voto, y no volver a elegir a irresponsables, como hasta hoy. Estamos ante el imperativo moral de derrotar el caos, la anarquía y la inmoralidad institucional presentes y construir e instituir lo que sea necesario, para lograr desarrollo integral nacional y equidad socioeconómica, en el corto y mediano plazo, para garantizar calidad de vida a las generaciones futuras.