Por Marcos Silva Martínez.

Racionalidad, honestidad y responsabilidad socioeconómica del poder y la institucionalidad,  son condiciones determinantes para el desarrollo integral y equitativo  de las naciones.  Estas condiciones en Colombia no se tienen.

Una institucionalidad estructurada para servir de marco legal al ejercicio del poder, tipificada por debilidad, laxitud y mediocridad, siempre será explotada por organizaciones políticas y económicas, a través de funcionarios y particulares,  para mantener el poder político-económico y saquear los presupuestos y y el patrimonio público. Es lo que ocurre en Colombia en particular y en el resto de países en desarrollo, a través de la contratación pública, las privatizaciones de lo público y los derechos sociales.

Bajo la institucionalidad vigente y la precariedad de la legalidad jurídica,  hacen su agosto los burócratas corruptos investidos de poder, a favor de oscuros  intereses. Entre otros, Agro Ingreso Seguro, Claro-Comcel, Movistar, concesiones viales, múltiples carteles y cartelitos, del comercio y el crédito,  la inversión, lavado de activos, transporte,  salud,  etc.

La pandemia de corrupción administrativa que azota a Latinoamérica, es consecuencia inequívoca de la precariedad y fragilidad institucional y el colapso de la ética pública y social, especialmente en Colombia y son  responsables del precario desarrollo nacional, del déficit fiscal galopante que les sirve para  justificar el explosivo endeudamiento externo e interno, con el que convierten a las naciones en desarrollo, en exportadoras netas de divisas.

La evidencia es que en la mayoría de naciones en desarrollo, sus exportaciones son inferiores al monto de pago de deuda pública. Colombia U$66 billones 2019, para pago de deuda pública.

Es el instrumento eficaz utilizado por el modelo económico capitalista, para que las multinacionales se apoderen del patrimonio público de todas las naciones pobres.

En Colombia padecemos ese flagelo, consumado desde la institucionalidad, disfrazado  de legalidad, siempre contra los intereses de las mayorías nacionales.

De esa manera desmantelaron el patrimonio público a favor de multinacionales y del 10% dueño mayoritarios de la riqueza nacional.

De esa manera se propició la Venta de ISAGEN, electrificadoras regionales, el cartel de la  Refinería de Cartagena, la feria del Seguro Social, el carrusel de las concesiones viales, Transmilenio, el criminal negocio de la salud, Vigencias futuras, Ecopetrol, dragado del Río Magdalena, Termoeléctricas, autopista Bogotá-Villavicencio,  etc.

Solo durante el aciago periodo de gobierno de Uribe Vélez, fueron vendidas o fusionadas a favor de particulares nacionales y extranjeros, más de 500 empresas oficiales. Todo dentro de la legalidad propiciada por la  precaria y concupiscente institucionalidad vigente.

Este panorama sombrío, para las mayorías nacionales, se profundizará con el gobierno de Duque, tal como se puede concluir, con el contenido del Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Manejo Fiscal de Mediano Plazo, en los que mediante maniobras del perverso ministro Carrasquilla, con la anuencia del alto gobierno y los gremios económicos, le impondrán al pueblo colombiano un refinado modelo económico, que reduce impuestos a empresarios, al tiempo que reduce los ingresos directos de la nación, estimula e impone más privatizaciones y endeudamiento público y reduce la inversión social.    

Son entre muchas otras, lacras del poder y la institucionalidad y del régimen, que deben  erradicarse para poder cimentar la equidad socioeconómica, el desarrollo nacional  y la convivencia ciudadana. Solo así se podrá estructurar un marco jurídico e institucional y poder político, capaces de desarrollar y garantizar reformas para construir políticas de estado garantes de la equidad socioeconómica.