Por Aníbal Charry González.

El epígrafe de este artículo, es el mismo del libro escrito por Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos Bedoya, que muestra, por la precaria calidad de abogados que sacamos por legiones en este violento y corrupto país, lo que todos sabemos por lo que vemos a diario con el ejercicio profesional: que somos campeones mundiales en sacar abogados en serie como si fueran ladrillos, pero sin la consistencia de este elemento fundamental en la buena construcción de edificios. En suma, describen la dramática situación de un país que se dice de leyes y abogados, pero carente de una adecuada aplicación el derecho, y lo que es mucho más grave para nuestra sociedad, sin que se imparta justicia jurídica y social, que debe ser la finalidad de su operación en un Estado social de derecho.

Lo primero que sostienen los autores categóricamente, es que “tenemos una profesión con pocas reglas, mercantilizada, sesgada por las clases sociales y con controles estatales muy precarios”. Es decir, todos los ingredientes para que tengamos los abogados que se merece esta sociedad presa de la codicia y el ánimo de lucro, donde la educación no se concibe como un servicio público destinado a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de nuestra sociedad, sino como un vulgar negocio que fomenta el enriquecimiento. Y eso es lo que tenemos en el campo de la formación jurídica.

De lejos, como se ha dicho, ocupamos el primer lugar en el mundo de abogados a granel. Estas son la cifras escalofriantes: cada año se matriculan para estudiar derecho sin criterios serios de selección -no obstante que después van a administrar justicia-, 30.000 estudiantes, y tenemos 568 abogados por cada 100 mil habitantes, con 100 facultades de derecho – el 70% mediocres-, para una población de 45 millones, mientras en Alemania -para que tengamos una idea de las cosas-, solo hay 22 facultades para 82 millones de habitantes, que significa proporcionalmente que solo deberíamos tener 13, y hay ¡100! Y claro, no podemos comparar la calidad de los abogados y de la Justicia en Colombia y Alemania: mientras aquí sacamos abogados por negocio cegados por el lucro con el aval del Estado, allá los sacan con calidad ética y jurídica y estrictos parámetros de selección conscientes de que después van a desempeñar esa función de dioses, cual es administrar justicia.

Por eso, ahora que se comienza a hablar de la enésima reforma a la justicia, lo verdaderamente revolucionario para la operación del derecho y la justicia, sería reformar a fondo las facultades de derecho con efectivos controles por parte del Estado, para que dejen de ser un grosero negocio, comenzando por hacer una rigurosa selección de quienes van a estudiar derecho para garantizar que nuestra sociedad tenga abogados y jueces con excelencia ética y humana fundamentalmente, para que operen el derecho y administren justicia no con base en simples reglas convertidos en autómatas, sino en principios que hagan realidad la justicia jurídica y social que demanda nuestro Estado social de derecho.