La audiencia de adjudicación del contrato de alimentación escolar para Pitalito, por $4.069 millones, se reanuda este 11 de marzo, luego del aplazamiento obligado, al descubrirse graves denuncias sobre desarrollo del proceso.

La causa principal del aplazamiento, la participación del abogado, Camilo Andrés Guzmán, quien asesora a la firma que tiene el mayor puntaje, pero no con proceder claro y diáfano, como lo denunció oportunamente el periodista Melquisedec Torres.

A propósito el Comunicador Social Advierte:

“Seguramente es legal, en principio, la participación del abogado Camilo Andrés Guzmán como apoderado de la empresa que va adelante en la licitación por $4.069 millones para la alimentación de los niños de Pitalito.

A pesar de que el mismo Guzmán fue miembro (como «asesor jurídico externo de contratación») de los comités evaluadores de 2018 y 2019 en los que Fundación Nutrición Salud y Vida fue el ganador; a pesar de que Guzmán revisó y conoció todos los estudios previos e incluso el pliego de condiciones definitivos de la actual licitación hasta diciembre de 2019.

A pesar de todo eso, no se viola – en sentido formal – la Ley de contratación. Ni la empresa, ahora en Unión Temporal con el señor Germán Farfán, queda inhabilitada. ¿Y por qué no? Porque el abogado Guzmán no era, en sentido estricto, funcionario sino asesor externo como contratista.

Pero sí se violan todas las normas éticas, morales y de transparencia. Es absurdo y desafía además los principios de libre competencia que un abogado que no solo tuvo acceso a información privilegiada sino que firma los documentos con los que se estudió, planificó y abrió la licitación, sea hoy el apoderado de uno de los proponentes.

No todo se vale ni lo simplemente legal es ético ni transparente”