Por Juan Poe. Tomado de El Innvestigador.

La Fiscalía General de la Nación firmó contrato por 3574 millones de pesos para realizarle mantenimiento al avión que usa el Fiscal Barbosa. La empresa que obtuvo el contrato tiene en su junta directiva a un empresario que le hizo campaña a Iván Duque y a otro relacionado con el caso Interbolsa.

• El contrato firmado de forma directa con Industrial Aeronáutica SA, beneficia a Henry Cubides Olarte, presidente de la empresa ENVÍA SAS quien le hizo campaña política a Iván Duque en junio de 2018
• Igualmente beneficia a Alfonso Ávila Velandia, presidente de EASYFLY SA, empresa que recibió 687 millones de pesos de Interbolsa (compañía dedicada al lavado de activos) los cuales fueron embargados por la SUPERSOCIEDADES en 2012, razón por lo cual enfrenta un proceso en su contra en el juzgado 004 de ejecución civil del circuito de Bogotá.
• El contrato presenta inconsistencias en su valor, en su forma de selección del contratista y en los estudios previos de acuerdo a la ley de contratación estatal (ley 80 de 1993).
• Fiscalía cambió las condiciones de contratación que tenía proyectadas desde el 23 de mayo de 2019 por unas más favorables a los contratistas

El 17 de diciembre de 2020 la Fiscalía General de la Nación firmó de forma directa con la empresa Industrial Aeronáutica SA un contrato para el servicio de mantenimiento de la aeronave Learjet 60-317 de matrícula FAC-1216 de uso del Fiscal Francisco Barbosa por un valor de tres mil quinientos setenta y cuatro millones, ochocientos dieciséis mil, cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($3.574.816.455). El contrato empezó a ejecutarse desde el 21 de diciembre de 2020 y finaliza el 21 de diciembre de 2021. Aquí está la prueba de la contratación y la imagen oficial de la aeronave propiedad de la Fiscalía.

La empresa Industrial Aeronáutica SA tiene su establecimiento principal en el Hangar 27 del Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y cuenta con un capital autorizado de 2000 millones de pesos, suma que es considerablemente inferior al cuantioso contrato que le otorgó la Fiscalía General de la Nación, de forma que el valor del contrato es superior al capital total del que puede disponer la compañía. Dentro de su junta directiva se pueden identificar a dos importantes miembros conforme a su registro comercial: Henry Cubides Olarte y Alfonso Avila Velandia. ¿Quiénes son?

El señor Henry Cubides Olarte, es el presidente de la empresa multinacional de transporte ENVÍA SAS con domicilio en Bogotá identificada con el NIT 800185306 -4 como se puede corroborar en el siguiente registro comercial.

Henry Cubides Olarte apoyó a través de su empresa ENVÍA SAS a Iván Duque durante su campaña presidencial tal como se puede evidenciar en los siguientes registros fotográficos tomados en junio de 2018, en su sede principal en la carrera 88#17B-40 en Bogotá. En las imágenes aparece incluso Iván Duque reunido con el empresario del transporte.

¿Por qué razón la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Francisco Barbosa le da un contrato multimillonario a un promotor de la campaña de Iván Duque para el mantenimiento del avión que usa para su beneficio?

El otro miembro de la junta directiva de Industrial Aeronáutica SA es Alfonso Ávila Velandia, presidente de la compañía de aviación EASYFLY S.A (Empresa Aérea de Servicios y Facilitación Logística Integral S.A) como se puede evidenciar en el siguiente registro comercial.

El empresario Alfonso Ávila Velandia se encuentra relacionado con el caso INTERBOLSA, pues su compañía solo pudo surgir al mercado con un préstamo que INTERBOLSA le hizo de 687 millones de pesos, razón por la cual nada más y nada menos que la SUPERSOCIEDADES ordenó el embargo de una cuenta por cobrar a nombre del señor Alfonso Ávila Velandia, pues la consideró necesaria para reparar a las víctimas defraudadas por el accionar delictivo de INTERBOLSA. En el acto de embargo aparece incluso el empresario Alexander Corridori, detenido el 27 de diciembre de 2013 por el fraude que ejecutó esta compañía financiera. La resolución de embargo se expidió el 5 de diciembre de 2012 por la Superintendente Delegada para los Procedimientos de Insolvencia Angela María Echeverry Ramírez.

El actuar de Alfonso Ávila Velandia con INTERBOLSA, fue denunciado por el periodista Alberto Donadío en una columna publicada en el Espectador el 11 de febrero de 2017 donde lo acusa de haberse beneficiado del descalabro de la compañía para evitar responder por sus deudas. https://blogs.elespectador.com/actualidad/detras-de-interbolsa/presidente-easyfly-avion

Lo grave es que los 687 millones de pesos con las cuales INTERBOLSA financió a EASYFLY al ser objeto de una acción de embargo, se infiere que están relacionados con las actividades de manipulación de acciones y lavado de activos que le permitieron a esa compañía obtener grandes recursos para sus operaciones financieras. El portal Insight Crime en un reporte del 11 de abril de 2013 acusó a INTERBOLSA de ser una compañía dedicada al lavado de activos para poderosos narcotraficantes como el Chapo Guzmán, ex líder del Cartel de Sinaloa y Daniel el Loco Barrera uno de los mayores jefes del comercio ilícito de drogas de la historia de Colombia.

Actualmente INTERBOLSA impulsa un proceso ejecutivo en contra de Alfonso Ávila Velandia en el juzgado 004 de ejecución civil del circuito de Bogotá con número de expediente 017-2013-00121-00 con el fin de recuperar esa deuda de 687 millones de pesos como se puede ver en el siguiente registro judicial.

Por último hay que señalar que la contratación de la Fiscalía por valor de 3574 millones de pesos para el mantenimiento del avión que usa el Fiscal, deja bastante dudas, pues en primer lugar se trata de un valor desproporcionado, si se tiene en cuenta que el costo promedio de mantenimiento de un Jet oscila según especialistas en la materia en 114 mil dólares. Fuente: 

Igualmente es válido cuestionar si ante un valor tan cuantioso, la Fiscalía General de la Nación debía haber realizado una licitación pública y no una contratación directa como lo postula la ley 80 de 1993. Adicionalmente es importante señalar que el 23 de mayo de 2019 la Fiscalía había realizado unos estudios previos que señalaban que el mecanismo que debía utilizarse para esta contratación era la subasta inversa, es decir que debía seleccionarse la oferta de menor precio y no debía desarrollarse un procedimiento de contratación directa. Asimismo no puede olvidarse que incluso ya se había fijado para este futuro contrato como precio máximo de acuerdo al presupuesto de la entidad, el valor de tres mil quinientos cuarenta y tres millones, quinientos dos mil ciento setenta y tres pesos ($3.543.502.173) y a pesar de ello, la Fiscalía decidió aumentar el valor (ya de por sí desproporcionado) y además cambió la modalidad contractual para hacerla más accesible y menos exigente a los contratistas. Aquí está la prueba de la contratación que proyectaba hacer la Fiscalía.

Después de estos hallazgos surgen las siguientes interrogantes:

¿Cómo va a justificar el Fiscal Francisco Barbosa esta cuantiosa contratación y sus beneficiarios? 

¿Esta contratación fue realmente el producto de una selección objetiva y neutral? 

¿Por qué se cambiaron las condiciones de contratación que la propia Fiscalía había proyectado para este contrato?

¿Se está manejando de forma honesta y transparente el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación? 

Estas preguntas se las dejo, a ustedes estimados lectores.