Por Carlos Tobar

Definitivamente, los colombianos nos merecemos la paz. No es posible, que tengamos que seguir sufriendo por el uso indiscriminado de la violencia como forma de hacer política. Que nos hayamos acostumbrado a que las diferencias sociales, económicas, de partidos políticos, personales, etc., pretendamos resolverlas por la fuerza o la violencia. Lo único que hemos conseguido es agudizar los problemas, dejando de paso miles de víctimas fatales, millones de desplazados, miles de heridos y mutilados, centenares y centenares de huérfanos, familias destruidas y una sociedad agobiada por el miedo y la incertidumbre.

Todos los reparos que se le hagan a este proceso que debe conducir al silenciamiento de los fusiles, es posible que tengan razón dependiendo de la óptica que se le mire. El padre o madre que perdió a su hijo, la familia que sufrió el vejamen del secuestro, los familiares de personas desaparecidas forzadamente…, todos crímenes inaceptables que pueden ser perdonados pero no olvidados. En el fondo, a lo que aspiramos todos los colombianos, y así quedó claro en el plebiscito, es que todas las formas de violencia deben ser extirpadas de la vida social cotidiana. Que nunca vuelvan a repetirse. Que esos comportamientos no serán tolerados por la sociedad.

Este nuevo acuerdo, que incorpora, dentro de lo posible, muchas de las inquietudes y reclamos de los que votaron por él No en el plebiscito, es mucho más preciso. Se aclaran dudas –según el gobierno– en 56 de los 57 temas que se recogieron en las reuniones de trabajo posteriores al plebiscito. En temas tan sensibles como la Justicia Transicional, sobre todo en la conformación del Tribunal Especial que ahora estará integrado, exclusivamente por jueces colombianos –los extranjeros actuarán a modo consultivo– y en la subordinación al sistema de justicia ordinario, como quiera que a través del mecanismo de tutela se podrán revisar los fallos de la Transicional. El otro tema importante que se revisa es el agrario, sobre todo en lo que se refiere al respeto a la propiedad privada de la tierra, así como, a la iniciativa privada en la producción agropecuaria. Solamente, en un tema no accedió la guerrilla a realizar modificación alguna: el de participación política. Con un argumento que es, a mi juicio, incontrovertible: el de que la entrega o dejación de armas de un ejército que no fue derrotado en el campo de batalla, debe tener como contraprestación el de la participación política. Para ello, el partido político que constituyan las Farc-Ep, se someterá a las leyes y normas, que para tal fin, están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para los demás partidos legalmente reconocidos. Son muchos más los aspectos, de mayor o menor importancia, que fueron reformados, todos para bien de los acuerdos, que en este corto artículo no podemos evacuar. Pero, en lo fundamental, están creadas las condiciones para cerrar este ciclo triste y oscuro de la vida política nacional. Nos toca a los ciudadanos que anhelamos para Colombia, una nueva etapa de civilización política, presionar para que todos, tanto gobierno como opositores, den por terminado el período de la violencia. ¡Que así sea!