Por Carlos Tobar

El asesinato como arma política y militar es una práctica condenada universalmente, no solo por el carácter salvaje de su contenido sino, por ser violatorio de uno de los derechos fundamentales de la humanidad: el derecho inalienable a la vida. El “atroz e inhumano” crimen de tres integrantes del periódico El Comercio de Quito, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, cometido por una banda delincuencial narcoterrorista en la frontera colombo-ecuatoriana, es un acto demencial, inaceptable para la sociedad. Este hecho debe ser condenado y castigado de manera ejemplar. No puede permitirse que el cobarde acto quede en la impunidad, sobre todo cuando los colombianos estamos haciendo un sacrificio y un esfuerzo enormes, para dejar atrás épocas aciagas donde ese tipo de prácticas causara tanto daño a millares de ciudadanos, la mayoría de ellas personas humildes e indefensas.

Está bien que, se haya resuelto el problema con la insurgencia armada de las Farc por el método de la negociación política, luego de que la confrontación militar de parte del estado lograra minimizar su accionar, mas no su aniquilamiento, además, porque en ella alcanzamos niveles de degradación humana que nos avergonzará por siglos. Pero, una cosa es perdonar sobre la base de la renuncia a las armas y a las prácticas delincuenciales conexas en esta “guerra” sin sentido, bajo el principio de la no repetición, el resarcimiento de las víctimas y el conocimiento pleno de la verdad y, otro es admitir que bandas de delincuencia común, supérstites en este tipo de conflictos, puedan seguir realizando actos de barbarie como el que estamos rechazando.

Para los gobiernos y las sociedades, colombiana y ecuatoriana, es un reto perseguir, derrotar y capturar a los criminales que asesinaron a los periodistas del periódico El Comercio. Haya que hacer lo que haya que hacer. Si permitimos que ese hecho execrable quede impune, la avalancha de actos de barbarie se extenderá imparable por todo el territorio nacional y, terminará contaminando a la sociedad ecuatoriana. Lo que está en juego es si vamos a recuperar el imperio de la ley, o vamos a permitir que criminales que usufructúan el negocio del narcotráfico impongan sus comportamientos brutales.

Obviamente, no puede perderse de vista la atención de las necesidades de comunidades vulnerables de la zona a quienes los gobiernos deben garantizar estabilidad económica, así como, brindar los servicios sociales básicos. Es la única manera de quitarles el caldo de cultivo propicio para el florecimiento de las actividades ilícitas.

Este crimen golpea al periodismo ecuatoriano, latinoamericano y mundial en momentos en que la libertad de información es clave fundamental para combatir todo tipo de extremismos. Garantizar su libre desenvolvimiento es un compromiso de todos.