Por Daniel Velez – Carlos Andres Ramirez (Tomado de Razón Pública).

Este 11 de septiembre, miembros del Batallón de Infantería N.33 ‘Batalla de Junín’, de la Décima Primera Brigada del Ejército amenazaron e intimidaron a la comunidad de Bocas del Manso, una vereda del municipio de Tierralta, Córdoba.

Presuntamente, los militares incurrieron en hechos como abusos, saqueos y violencia sexual, algunos de los cuales están registrados en videos grabados por la comunidad y publicados en redes sociales.

Un sargento ya habría confesado que él mismo dio la orden a su tropa de disfrazarse con indumentaria similar a la usada por las disidencias de las FARC: se cubrieron el rostro, se vistieron con pasamontañas, botas de caucho y prendas no oficiales de las Fuerzas Armadas.

La orden se justificó en el marco de operativos para ubicar armas y municiones del Clan del Golfo, grupo que hace presencia en esa región. Pero terminó en el amedrantamiento de una población que en el pasado había padecido los horrores del paramilitarismo.

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Las respuestas

Ante el abuso de poder, varias autoridades iniciaron las respectivas investigaciones. Siguiendo la recomendación de la Inspección de las Fuerzas Militares, 18 militares fueron retirados: el comandante de la Brigada, el Sargento Mayor de Comando y ocho soldados profesionales involucrados. Por su parte, la Fiscalía de la Justicia Penal Militar abrió una investigación por el delito de abuso de autoridad especial.

El Gobierno Nacional rechazó contundentemente los hechos. El presidente Petro asoció el incidente con el paramilitarismo y afirmó en un evento del jueves 14 de septiembre que este “No es un caso aislado. ¿Qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes (…). Era para la sociedad, para decirles: Este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos (…) Los que dieron la orden quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”.

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estos procesos vienen a dificultar la labor de las Fuerzas, aumentando la complejidad de mantener los territorios fuera del área de la influencia de los ilegales.

El 20 de septiembre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, visitó a la comunidad para disculpase y afirmó que “es indispensable un nuevo, mejor y más cercano relacionamiento de la Fuerza Pública con las comunidades, de manera que ellos sientan efectivamente la protección, la atención, la seguridad”.

Las dudas, las protestas

No es casualidad que este tema se haya convertido rápidamente en noticia nacional. El gobierno Petro ha sido criticado por sus ideas y cambios en materia de seguridad. De hecho, en sus primeros meses reinó la incertidumbre al respecto.

No era para menos. Una de las primeras acciones del presidente fue una purga en la Fuerza Pública, sacó del Ejército y la Policía a más de setenta oficiales entre generales y coroneles. Estos retiros causaron grandes traumatismos en la operatividad de las Fuerzas, especialmente en el área de inteligencia militar.

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Después de esta “terapia de choque” y apenas en abril —tardó casi ocho meses— se presentó la “Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. Garantías para la vida y la paz” con cambios en la misma concepción de la seguridad:

1. Se adopta la seguridad humana como pilar del plan y se amplía la visión de seguridad tradicional que había primado;
2. La política se conecta directamente con la Paz Total y el intento del Gobierno por negociar con diferentes actores ilegales;
3. Se intenta cambiar el enfoque de lucha contra el narcotráfico, atacando principalmente a los últimos eslabones del proceso y no los primeros, es decir, campesinos y sembradores de la hoja de coca;
4. La política se basa en el cuidado de la vida de todos los pobladores del país, especialmente los más vulnerables como campesinos y líderes sociales.

Estos y otros puntos han orientado la seguridad en lo que va de 2023, pero los resultados no han sido favorables. Sectores de la oposición, expertos en seguridad, líderes de opinión y hasta autoridades locales han reclamado más acción ofensiva por parte del Gobierno y no una respuesta tan vacilante respecto de los fenómenos delictivos.

Tampoco pueden pasarse por alto las marchas y protestas encabezadas por militares retirados, como la del 19 de julio —que fue la más multitudinaria—. En varias ciudades el país, los manifestantes rechazaron las políticas de seguridad del gobierno y hasta pidieron a viva voz la salida del presidente de su cargo.

Aunque los militares activos no han dado muestra de algo parecido, el malestar sí juega contra el proyecto de país que proponen Petro y su gabinete.

En este contexto sucedió el grave incidente en Tierralta, lo cual ha hecho aumentar las reservas sobre los nuevos pilares de la estrategia de seguridad.

Es imposible no recordar el pasado, cuando los nexos entre el Estado y los grupos paramilitares fueron normalizados y hasta aceptados por ciertos grupos sociales. Justamente allí está el meollo del asunto: la posibilidad de que las transgresiones del pasado se mantengan enquistadas en algunos uniformados, pese a los cambios del gobierno Petro y su ministro de Defensa.

Las implicaciones

Son varias las implicaciones que deben analizarse para entender el episodio en Tierralta y su relación con la nueva política de seguridad:

1. Como bien lo reconoció el presidente Petro, la sombra del paramilitarismo persiste en hechos como el ocurrido. Es inaceptable que una Fuerza que se nutre de la legitimidad y el apoyo de las comunidades, decida realizar acciones que atentan contra el uniforme y la misión de la Fuerza Pública.

El gobierno Petro lanza un muy positivo mensaje al rechazar tales actos sin ninguna contemplación y al haber retirado del servicio a todos los implicados.

2. Pese a esto, el presidente sigue sin entender que él es el máximo comandante de las Fuerzas Militares y de policía, lo cual implica tomar responsabilidad por sus acciones sean positivas o negativas. Sin duda, esto afecta la moral de los uniformados y la forma de entender su relación con la autoridad civil.
3. Las relaciones cívico-militares en el gobierno Petro siguen envueltas en un manto de duda. Los múltiples diálogos entablados con grupos al margen de la ley y los numerosos ceses al fuego han producido incertidumbre entre las filas militares: estos procesos vienen a dificultar la labor de las Fuerzas, aumentando la complejidad de mantener los territorios fuera del área de la influencia de los ilegales.

Sería muy pronto y muy descuidado decir que los militares tienen conflictos con los nuevos pilares de la política de seguridad, pero hechos como los sucedidos en Tierralta son un primer llamado de atención para todo el sector defensa.

4. En el último panel de Cifras y Conceptos, los líderes de opinión califican la seguridad como el tema peor manejado por el gobierno, especialmente en las áreas del combate contra las guerrillas/bandas criminales y la lucha contra la delincuencia común.

Ese juicio también se presenta si se compara el actual gobierno con los de Iván Duque y Juan Manuel Santos. De nuevo, las dudas sobre la pertinencia de la nueva estrategia de seguridad parecen ser compartidas.

Justamente allí está el meollo del asunto: la posibilidad de que las transgresiones del pasado se mantengan enquistadas en algunos uniformados, pese a los cambios del gobierno Petro y su ministro de Defensa.

5. Sin embargo, ese mismo sondeo muestra que los líderes de opinión han mejorado su nivel de confianza frente al Ejército y la Policía, en comparación con gobiernos anteriores.

Mantener esta tendencia en la opinión pública es fundamental para lograr los objetivos propuestos y, por lo mismo, haber tomado medidas casi de manera inmediata respecto a los hechos relatados en este artículo, fue esencial.

6. Lo sucedido en Tierralta se convierte en un reto muy interesante para medir la profundidad y alcance del nuevo enfoque de seguridad, sobre todo en temas de supervisión civil a la actuación de los militares, la eficacia de la justicia penal militar, los mecanismos de investigación dentro del sector defensa y las nuevas formas de relacionamiento entre militares y ciudadanos de todo el país.

Sin duda, los temas relacionados con la seguridad y el manejo de la Fuerza Pública serán centrales en los próximos tres años de gobierno. La sensatez y la mesura, por parte del presidente, la oposición y otros sectores, serán esenciales para pensar y repensar hechos como el sucedido y las medidas que se necesitarán para que no se repitan.