Por Carlos Tobar

El escándalo Odebrecht ha puesto de manifiesto que el régimen político que nos gobierna, desde hace varias décadas, es ilegal e ilegítimo. No es un caso que se circunscriba a Santos y Uribe, los dos últimos representantes de la élite en el poder, es una situación de “todos a una” como en Fuenteovejuna de Lope de Vega. Es la pudrición del régimen al que se refería el inmolado dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, diciendo que en tal estado no quedaba alternativa distinta que derrocarlo.

Que la degeneración de las élites, que tradicionalmente han gobernado a Colombia, es un problema de marca mayor para la sociedad toda, es el hecho de que la corrupción se convirtió en un mal endémico que a inficionado todos los niveles de la administración pública. Desde el más humilde y perdido de los municipios de la periferia del país, pasando por ciudades intermedias, gobernaciones, los tres poderes estatales: judicial, legislativo y ejecutivo y, los entes de control: fiscalía, procuraduría y contraloría, encargados de vigilar el cumplimiento de las normas que nos rigen. No hay nada a salvo de la mano depredadora de los corruptos, porque, además, el sector privado entró al baile sin pararse en mientes: la filosofía de comportamiento social es enriquecerse a través de mecanismos parasitarios, captando rentas otorgadas por los gobiernos, provenientes de los recursos escasos aportados por todos los ciudadanos y de nuestras riquezas naturales.

Esta forma de proceder para acceder y mantener el poder, no es nueva. Desde siempre, los colombianos tenemos en la memoria prácticas como: la repartición bipartidista del gobierno (frente nacional); la institucionalización del clientelismo (reforma constitucional de 1968); la narcofinaciación de las campañas electorales que culminara con el proceso 8.000; y el punto culminante de la financiarización de la actividad política con la intromisión de los grandes capitales financieros en la vida nacional, de los cuales Odebrecht es solo la punta del iceberg. Esta última forma ha sido la más nociva, porque conllevó la desnacionalización del país en todos los aspectos, con la privatización y la desregulación de las actividades económicas estratégicas, en favor del gran capital. Es de tal magnitud esta incidencia que, por ejemplo, no se puede entender el crecimiento desmesurado de un negocio como el narcotráfico, sin la libre circulación de capitales por los mercados mundiales, impuesta a la sombra de la desregulación financiera.

Que tengamos gobiernos ilegales e ilegítimos, es el corolario natural de ese estado de cosas. Son gobiernos que corresponden a un proceso interno de deterioro progresivo de la democracia colombiana, al que se suma la desnacionalización del aparato productivo del país. Si les negamos a nuestros sectores productivos, empresariales y de trabajadores, el derecho al desarrollo económico que no al crecimiento económico, con la posibilidad de acumular capitales propios, fuentes de trabajo, incorporación de la creatividad y el ingenio de nuestro pueblo, estamos renunciando a la existencia como nación. En el mundo opuesto a este, han navegado por décadas las élites parasitarias que nos gobiernan: los Santos y los Uribes, los López y los Vargas Lleras, los Pastranas y los Samperes…Si el país se descompone, es su mundo el que se desbarata. Los colombianos nos merecemos otro mundo, breguemos por alcanzarlo: está en nuestras manos.