Por Marcos Silva Martínez
El sistema, la derecha y la extrema derecha, que lo sustentan, sistemáticamente engañan a las mayorías, desde el ejercicio del poder. Es el balance que se obtiene, del análisis de resultados, durante más de 200 años de dominio del poder.
Y lo que se percibe, con el incumplimiento temprano de los acuerdos, para la solución del conflicto social y político colombiano.
Bajo las condiciones de anarquía institucional, desgobierno, inequidad social, impunidad y corrupción, que dominan la vida nacional, la superación del conflicto exige responsabilidades, prácticamente imposibles de encontrarlas entre quienes detentan el poder económico y político.
Los partidos se corrompieron hasta la médula y se transformaron en empresas comercializadoras de votos, burocracia y contratos.
Las ideas y principios filosóficos que deben soportar a los partidos políticos, fueron sustituidos por el cálculo mezquino, proyectado sobre la explotación de lo público, para beneficio exclusivo de unos pocos.
Es perverso y condenable que haya quienes traten de utilizar la negociación con fines electorales-politiqueros. El conflicto colombiano, es de esencia socio-económico.
Para que el desarrollo de los acuerdos que fundamentaron la negociación, tenga concreción político-pactico, deben contener el compromiso, de parte del gobierno y del régimen que representa, de remover todas las causas que lo hicieron posible.
Colombia es el país más inequitativo del continente y tercero en el mundo. Está entre los de mayor corrupción, en el planeta (126 entre 140). La mayor percepción de corrupción, se concentra en la institucionalidad, supuestamente creada para garantizar los derechos y proteger la vida y honra de los ciudadanos.
La institucionalidad y en particular la Rama Judicial, son acreedores de la mayor percepción de corrupción, en Colombia. Los hechos lo corroboran.
El secuestro, el desplazamiento interno, la desaparición forzada, los falsos positivos, la pobreza y miseria de la mayoría de colombianos, la expatriación y exclusión política, el cáncer de la narcoparapolítica, la corrupción, la inseguridad ciudadana, tipifican el conflicto interno. Y es esto lo que se debe resolver.
El surgimiento de la insurgencia; FARC, M19, EPL, ERP, entre otras, es imputable, directamente a la irresponsabilidad política y social de los gobiernos del Régimen. Son consecuencia de negar y no ejercer democracia plena, como ordena la Constitución y la ley.
El engaño sistemático a las mayorías, inoculó escepticismo e indiferencia por lo público y por los legítimos derechos ciudadanos.
Si el pueblo fuera consciente de la gravedad del conflicto, ya se habría revelado contra el gobierno y el régimen, para exigir la superación de las causas del conflicto y construir democracia. Lo que llaman democracia colombiana, es vulgar democracia de papel.
Es pertinente desenmascarar a los enemigos declarados y encubiertos de las negociaciones del acuerdo para la solución del conflicto. Son todos de la recalcitrante derecha y ultraderecha liberal-conservadora-terrateniente, a quienes nada les importa las precarias condiciones de vida de las mayorías, condenadas a la pobreza y la miseria.
Debemos ser conscientes: en la presente contienda electoral, están encabezados por Iván Duque (Uribe Vélez) y Vargas Llera. Iván Duque se compromete a desconocer y destruir los acuerdos con la guerrilla concertados para comenzar a construir la paz, que es un derecho fundamental de todo colombiano. Vargas Lleras, viste de camaleón. Dice que respetará los Acuerdos, pero seguidamente amenaza con desconocer lo fundamental de ellos.
Los responsables del surgimiento de las guerrillas, son las castas políticas y sociales que siempre han usufructuado el poder en Colombia y que instituyeron la inequidad socioeconómica y la injusticia social y la explotación de la riqueza nacional, para beneficio personal.
La superación del conflicto, exige reforma agraria, urbana y educativa integrales. Garantía de trabajo digno con remuneración justa, equidad socio-económica y de redistribución del ingreso, supresión del vasallaje del poder al capital nacional e internacional, etc. Son los desafíos básicos del conflicto que se deben lograr, para poder resolver el conflicto socio-económico colombiano. ¿Será posible que el régimen permita removerlos y superarlos?

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