Por Aníbal Charry González.

Frente a los embates de la criminalidad de todo pelaje que asuela nuestro país, por falta de una verdadera política criminal, pues nuestra legislación penal y carcelaria ha sido un permanente ejercicio epiléptico que se ha movido al ritmo de la benevolencia con los criminales, al punto que no existen sanciones condignas a la magnitud del crimen que se comete, y lo que es todavía más grave cuando logra judicializarse en este paraíso de la impunidad a algún peligroso criminal, por cuenta de las concesiones y los subrogados penales salen rápidamente de las cárceles donde el Estado no quiere tenerlos para que salgan a seguir asesinando como ocurrió recientemente en Bogotá, donde un sujeto con antecedentes de haber asesinado a siete personas, ¡sí siete personas! insólitamente tenía un permiso especial para trabajar.

Razón tiene el fiscal general Néstor Humberto Martínez, al afirmar que “si triunfan ciertas políticas que hay dentro del Estado habrá que echarle llave a la Fiscalía”, porque no tendría oficio alguno mantenerla claro, para referirse a unos proyectos de reforma constitucional y legal presentados por el Ministerio de Justicia para favorecer a la criminalidad de toda laya: como la trata de personas, narcotráfico, extorsión, contrabando, lavado de activos, minería criminal, financiación de grupos paramilitares y rebelión sin limitación alguna en el tiempo, renunciando el Estado a la persecución penal contra los autores de delitos referidos en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto.

 Mejor dicho, tener desocupadas las cárceles para combatir el hacinamiento con los criminales en la calle acosando a la sociedad indefensa como está sucediendo actualmente, aplicando una política perversa de algunos académicos enquistados en el Ministerio de Justicia que creen irresponsablemente que el delito se combate sin tratamiento penitenciario para no tener que construir cárceles ni empeñarse en resocialización alguna, sino dejando en libertad incluso a los autores de los peores crímenes, para que sigan asesinando como ocurrió en Bogotá con el múltiple asesino, y en Florencia con alias “El Desalmado”, que asesinó  a toda una familia de menores cuando gozaba de libertad habiendo sido condenado por asesinato.

Qué clase de política criminal es esa que deja inerme a la sociedad ante la delincuencia. Por eso necesitamos como bien lo sostiene el fiscal Martínez una auténtica política integral en esta materia, para no tener que estar legislando mercurialmente como lo hace el Estado impotente para combatir el crimen, desocupando las cárceles cuando hay hacinamiento, para después volverlas  a congestionar cuando ya es insostenible el acoso delincuencial en un permanente círculo vicioso que no hace más que estimular el crimen y la impunidad para tener lo que tenemos: una criminalidad desbordada en una sociedad aterrorizada y estupefacta. Ahora que estamos hablando de privilegiar a las víctimas en el proceso de paz, es la hora de que tengamos una auténtica política criminal como lo reclama con acierto el fiscal, donde la protección de sus derechos esté por encima de la de los victimarios, y no a la inversa como ha venido sucediendo por parte del Estado en este país de criminales.