Por Aníbal Charry González.

De todo pelaje por supuesto, desde la de cuello blanco que es la más despreciable por la magnitud de los crímenes que cometen contra la sociedad, hasta la delincuencia denominada menor que  raponea y asalta que es la que más agobia a la ciudadanía, al punto que el problema más grave que tenemos es el de la inseguridad, junto con la corrupción generalizada aupada desde los más altos cargos del Estado generando un efecto nocivo y devastador en los demás asociados que siguen el mismo sinuoso camino en medio de total impunidad, que no hace más que disparar la criminalidad por carecer de política criminal y carcelaria que consulte nuestra cruda realidad delincuencial.

Por eso plena razón les asiste a los alcaldes de las principales ciudades del país que han solicitado angustiosamente al Gobierno nacional que derogue con urgencia la lenidad de 2 leyes: la 1760 de 2015 y la 1786 de 2016 que han permitido de manera irresponsable la libertad de miles de sindicados  por vencimiento de términos para resolver de paso el inhumano hacinamiento carcelario a los machetazos  como es ya costumbre, en lugar de construir más cárceles para hacerle frente al acoso delincuencial y diseñar una verdadera política criminal que extirpe de una vez por todas el absurdo vencimiento de términos que no puede existir en una sociedad que se respete, de tal manera que no sea la ciudadanía la que  tenga que ver con estupor como los más peligrosos delincuentes  salen cagados de la risa a seguir delinquiendo porque el Estado es incapaz de impartir justicia en forma oportuna.

Y es que los efectos de las leyes de marras no puede ser más aterrador: de los 5000 delincuentes que ya salieron  de las cárceles donde no existe la más mínima resocialización, más de 700 ya han reincidido  con el agravante que los jueces no  los vuelven a encarcelar al considerar, no obstante la reincidencia, que no constituyen un peligro para la sociedad, lo cual tiene a la Policía al borde del linchamiento ciudadano porque a pesar del esfuerzo que hacen para capturar y recapturar a los delincuentes, algunos hasta 40 veces, los dejan en libertad y la ciudadanía cree que la culpa es suya cuando no es más que una irresponsabilidad estatal en cabeza del Congreso que es el que expide estas leyes que no hacen más que fomentar la impunidad y desde luego incrementar la delincuencia que se ha convertido en el filón más grande de enriquecimiento ilícito en detrimento grave de la tranquilidad del agobiado ciudadano, que ya está acudiendo  desesperado a hacerse justicia por propia mano ante la nula respuesta del Estado para garantizar su seguridad.

Escolio. Hoy votaré como  demócrata, porque para eso son las consultas abiertas en una democracia, por el último líder político  auténticamente liberal, integérrimo y de talante de estadista que es Humberto de La Calle, cuyo único cuestionamiento – válgame Dios diría el papa Francisco- que le hace la extrema derecha violenta y mezquina, es haber contribuido decididamente  a parar un desangre atroz de 52 años.