Por Aníbal Charry González

Es el que tenemos en Colombia, quien lo duda, producto de la inveterada improvisación para legislar en la materia -como en tantas otras-, donde carecemos de política criminal para producir una legislación coherente que consulte nuestra  realidad social  que permita defender a la sociedad del embate demencial de la delincuencia que tenemos, que sabedora de la impunidad para sus crímenes de toda laya, ha entronizado su reinado de terror, destrucción y muerte, sometiendo a los asociados a su imperio de maldad sin que exista posibilidad alguna de que se legisle en este tema seriamente en beneficio de la atribulada sociedad que ve estupefacta la benevolencia con el delincuente, particularmente con los más atroces, que son, además, como ya lo hemos visto los que imponen la legislación penal a la medida de sus protervos intereses.

 Por eso se habla de negociar la aplicación de la ley enmascarada con el sometimiento a la justicia como ocurrió con Pablo Escobar y se ha pretendido hacer con las bacrim, ante la impotencia del Estado para combatir la gran criminalidad, de la mano por supuesto de la inoperancia del sistema penal que tenemos que no garantiza ni las penas ni la resocialización que corresponde en protección  de la sociedad, que hace posible que vivamos legislando epilépticamente mientras la criminalidad no le da tregua a la sociedad acosada como la que más por sus atrocidades, especialmente la llamada de cuello blanco que en su perversidad no tiene reato alguno en robarse la plata de la alimentación de los niños pobres, de la salud y de la educación, obligado el Estado a tratarlos con lenidad so capa del derecho a la igualdad aplicándoles penas irrisorias en lugares de recreo, y concediéndoles rebajas y subrogados, mientras los delincuentes ordinarios se encuentran hacinados en cárceles de vergüenza donde se les violan los más elementales derechos humanos sin que se les defina su situación jurídica.

Prueba irrefutable de esa irresponsabilidad estatal, es que para resolver la inoperancia del sistema penal, con frecuencia   se acude a legislaciones repentinas para agilizar en el papel la administración de justicia, y a renglón seguido al no cumplirse con el cometido se presenta otra legislación para tratar de evitar excarcelaciones masivas como ahora mismo ocurre, que lleven al paroxismo la criminalidad. Y quien entiende, además, que el desastrado sistema penal condene apenas a 9 años de cárcel al asesino serial de Monserrate que debería condenarse a perpetuidad por la imposibilidad de su resocialización, y la factibilidad de que el mayor ladrón del erario que hemos tenido en este país de legendarios ladrones de cuello blanco, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, pueda obtener su libertad después de pocos años de reclusión cobijado por rebajas y subrogados que no debería recibir por su peligrosidad y la magnitud del daño causado a la sociedad, entre otros absurdos penales,  amén de concesión de detenciones domiciliarias y gabelas a violadores de menores y delincuentes de extrema peligrosidad que dejan patente el dislate  de un sistema penal, que por lo visto jamás vamos a racionalizar en beneficio de la sociedad.